País. Los legisladores de la Cámara Baja reanudaron este martes el tratamiento contemplado en la reforma del Régimen Penal Juvenil.
Luego de la reunión informativa de la semana pasada con funcionarios, se reanudó el debate con legisladores en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA), José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo nacional propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece que las penas no podrán superar los 20 años, entre otros aspectos. Por su parte, algunos legisladores proponen que se fije en 14 años.
El diputado Ramiro Gutiérrez (UxP) explicó que es un tema muy importante que cala “con un reflejo profundo en la sociedad”. “El proyecto de mi autoría establece un criterio prominoris pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas del delito. No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código”, argumentó.
Al mismo tiempo, manifestó que la iniciativa ha “llevado más de 1 año de trabajo donde hemos verificado la legislación comparada y la revisión hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en Buenos Aires y en La Rioja”. “Tenemos que hacer una aclaración dogmática y sistemática ya que no es posible hablar de una ley complementaria sino se tiene un Código Penal del cual deriva la complementariedad y especialidad de esa ley”, afirmó.
Por su parte, el diputado del PRO, Martín Yeza, expresó que la iniciativa de su bloque “concretamente se centra en un proyecto de baja de edad de imputabilidad a partir de los 14 años, por elementos vinculados a la convencionalidad jurídica y jurisprudencial, particularmente, y que además, desarrolla a diferencia del proyecto del Ejecutivo dos sistemas”.
“Un sistema cerrado y semi cerrado en donde se concentran a la vez dos tipos de casos. El primero y principal: el caso donde las víctimas tienen que ser encerradas, privadas de su libertad pero, después, por supuesto, en casos más complejos donde tratamos con victimarios que tienen alguna adicción o problemas psiquiátricos”, agregó el legislador y remarcó que también contempla penas de distinta índole para los padres “no solamente inhibición de bienes”.
La diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) explicó que su proyecto «tiene que ver con los datos de la misma Corte de como viene siendo el incremento del delito en menores y la sociedad nos está pidiendo una respuesta”. “Coincidimos en varios puntos con el proyecto del Ejecutivo, pero algunos tenemos diferencias, en cuanto a la edad establecimos la de 13 años pero con la diferencia de que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras le diga al juez si el menor comprende la criminalidad del acto que se llevó a cabo”.
Picón consideró que a los 13 años ya el «menor puede elegir». «Si tenemos la posibilidad de elegir frente a un acto, también tenemos que tener la responsabilidad de cumplir. Cuando vemos los alarmantes datos de la Corte ha habido un 21% de incremento respecto al año anterior y la edad en que cometen esos delitos es a los 13 años”. “Básicamente nuestra diferencia está en que a los 13 años el niño primero pase por una auditoría para saber si comprendió el acto que cometió”, expresó en comparación con el expediente del Poder Ejecutivo.
Finalmente, la diputada de Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, sugirió “buscar los puntos de consensos entre todos los proyectos”. “Es un error solamente caer en la edad de punibilidad”, subrayó.
“Debemos analizar qué entendemos por encierro, para qué se plantea, cuáles son las herramientas de resociabilización que se van a brindar, cuál es el presupuesto, y cómo se ejecutará”, señaló. “En nuestro proyecto planteamos la edad de los 16 años teniendo en cuenta a las opiniones de organismos internacionales, especialistas y la experiencia de trabajadores”, añadió la legisladora.