Córdoba. Las primeras 63 instituciones accedieron al fondo de financiamiento, integrado por el 2% del Impuesto Inmobiliario Urbano que sancionó la Legislatura el año pasado (ley 10.928). Los recursos se destinarán a fortalecer la capacitación, inserción laboral y desarrollo de habilidades.
El Gobierno provincial entregó un apoyo económico de fortalecimientos a las primeras 63 instituciones, fundaciones y asociaciones que vienen trabajando junto con la comunidad para acortar las brechas de la discapacidad.
La asistencia económica permitirá concretar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
Desde que se abrió la convocatoria en abril pasado hasta el momento, se recibieron 110 proyectos que alcanzarán a más de 12 mil beneficiarios.
Las instituciones que recibieron ayer el beneficio son las primeras que acceden al fondo de financiamiento, integrado por el 2% del Impuesto Inmobiliario Urbano que sancionó la Legislatura el año pasado (ley 10.928), con la perspectiva de garantizar la continuidad de una política pública que promueva la autonomía de las personas con discapacidad.
En el acto de entrega en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora anunció la entrega de 1.000 millones de pesos para “cumplir con todos los proyectos que ya están preseleccionados”.
“Si la sociedad entiende que mañana mismo cualquier persona puede estar en una condición de discapacidad, cambiaría toda la visión de la política pública y entenderíamos que no la hacemos para un sector, la hacemos para toda la sociedad”, expresó.
En esa línea, Llaryora resaltó: “Si logramos perforar ese concepto, vamos a lograr que la política de inclusión que hagamos, en todos los aspectos, no solo en el de salud, sea tomada como parte de una política general, no sectorial”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que de los proyectos recibidos, 51% corresponden a capital y 49% al interior: «El federalismo es central para que esta iniciativa alcance todos los rincones de nuestro territorio. Es muy importante que el Gobierno, en un momento tan crítico, le extienda la mano a este tipo de instituciones cordobesas».
El comité evaluador, encargado de analizar y aprobar los proyectos para su financiamiento, está integrado por la secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, junto con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
La entrega de aportes a las primeras 63 entidades significó la efectiva puesta en marcha del Programa Provincial de Promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones, que procura reemplazar el paradigma de la dependencia por el de la autonomía.
Dicho programa implica una apuesta por un modelo participativo que abre la decisión de la inversión a las instituciones que trabajan en el tema, replicando una experiencia que el actual gobernador instrumentó en la ciudad de Córdoba cuando fue intendente e incluso antes, cuando estuvo al frente del municipio de San Francisco.
“Es importante que esto sea una política de Estado. Que cada vez haya más instituciones que participen y que lleguen a toda la comunidad, así el día de mañana se defiende este fondo para que nadie más se los quite”, enfatizó LLaryora.
