Ciudad de Córdoba. Oficialistas y opositores protagonizaron un duro cruce por la ratificación del decreto de la presidencia del cuerpo.
Durante la sesión de este jueves, presidida por el viceintendente Javier Pretto, en la nueva sede, la bancada oficialista aprobó la iniciativa por la cual ratifica el decreto V0153/24 de la presidencia del cuerpo que habilita de manera excepcional la presencia virtual (en forma telemática) de los concejales en casos de fuerza mayor.
A través de este decreto se permite a los concejales conectarse por Zoom a las sesiones y comisiones en los casos que existan impedimentos de “fuerza mayor, enfermedad o compromisos institucionales”. Las bancadas de la UCR y el Frente Cívico expresaron su «indignación» ante la aprobación por parte del bloque Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC).
En el debate, el concejal Marcos Vázquez (HUxC) defendió el proyecto recordando que el modelo de la virtualidad surgió durante la pandemia “cuando nos debimos adaptar en la implementación de la tecnología para continuar con el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.
“Este Concejo no fue la excepción. Sesionamos con la ayuda de la telemática y eso nos permitió aprobar un montón de ordenanzas. También nos acercamos a la sociedad, los vecinos pudieron participar a través del zoom. Un ejemplo fundamental fue el Ente BioCórdoba con la participación de gente de todo el país”, remarcó.
En su rechazo, el radical Sergio Piguillém (UCR) afirmó que “la virtualidad no es sinónimo de modernización». «Están modificando el reglamento interno del Concejo”, se quejó el opositor.
En igual sentido, la edila Elisa Caffaratti sostuvo que la medida «perjudica la credibilidad política y evita el debate público de cara a la ciudadanía» y, en ese plano, consideró que «la virtualidad provoca una desconfianza de los vecinos hacia sus representantes».
«Tenemos un nuevo recinto, con mayores comodidades y costosa inversión para todos los cordobeses y nos traen un decreto para sesionar desde casa ¿Cuál es el sentido?», cuestionó la titular de la bancada UCR.
«Lo que se debe hacer para evitar que eso suceda es trabajar como lo hace cualquier otro trabajador de nuestra ciudad. Con medidas como estas continúa el trabajo de erosión que el Partido Cordobés viene realizando sobre las instituciones de Córdoba», fustigó la radical.
Desde el PRO, Soher El Sukaria manifestó que “para la participación de vecinos, invitados y funcionarios es válida la virtualidad, pero no para la función de un concejal». «Nosotros debemos estar acá en el recinto”, aseveró la representante amarilla.
Desde la izquierda, Laura Vilches (FIT) expresó su rechazo, al recordar que “los vecinos nos votaron como concejales para estar de manera presencial, en sesiones y comisiones”.
Por el oficialismo, Diego Casado replicó que la virtualidad sólo rige como excepción, para determinadas circunstancias, y que la regla sigue siendo sesionar de manera presencial. Y justificó esa doble opción.
“No podemos volver a la prehistoria, cuando muchos profesionales tienen la posibilidad de cultivarse con opciones telemáticas. Si yo estoy resfriado y tengo ganas de venir al recinto, vengo, pero si tengo 40 de fiebre y quiero trabajar de manera telemática ¿no lo voy a hacer? La excepción es la virtualidad. La regla es estar acá”, insistió.
El proyecto por el cual se ratifica el decreto de Pretto fue aprobado con 17 votos positivos, 12 por la negativa y hubo dos ediles ausentes.
Parques educativos
En otro momento del plenario, a raíz de la compatibilización de dos proyectos, uno del Departamento Ejecutivo y otro del bloque de la UCR, se aprobó por unanimidad el Régimen de Organización para Parques Educativos de la ciudad.
La ordenanza sancionada define a los Parques Educativos como “espacios públicos, institucionales y comunitarios, de encuentro de los vecinos de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana, cuyo fin es promover el acceso y el ejercicio de los derechos a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura y al deporte desde una perspectiva de inclusión social integral”.
Esos espacios deben regirse por estos principios rectores: el derecho a la educación, la participación democrática, la convivencia y encuentro ciudadano, y la inclusión social y educativa.
Entre sus objetivos, se plantea que deben implementar políticas de inclusión socioeducativa y propuestas de aprendizaje para la comunidad, con perspectiva integral e intergeneracional; desarrollar y fomentar actividades sociales, educativas, artísticas, culturales, científicas, tecnológicas, deportivas, recreativas, entre otras, con eje en la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores; y fomentar el diálogo, la interacción, la articulación y la vinculación del gobierno municipal con organizaciones sociales y territoriales y con actores de los campos científico, tecnológico, cultural, artístico, académico y económico.
Los parques educativos actualmente son seis y su desarrollo comenzó durante la gestión el ex intendente Ramón Mestre (h), en un proyecto que se asumió luego como política de Estado y que tuvo continuidad con Martín Llaryora y ahora con Daniel Passerini, al punto de lograr la institucionalización mediante una ordenanza que establece todo lo atinente a sus objetivos y formas de funcionamiento.