País. Se realizó ayer la cuarta reunión informativa. Se retomó la exposición de diputados que presentaron proyectos y disertaron especialistas.
El plenario de las Comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó ayer la cuarta reunión informativa acerca del Régimen Penal Juvenil.
Durante la reunión se continúo con la exposición de los diputados que presentaron proyectos al respecto. Paralelamente, está en debate el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Luego de las exposiciones de los diputados, tomaron la palabra especialistas en derecho juvenil. El abogado Germán Onco, presidente del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, mencionó que, en el año 2023, un 30% de adolescentes ingresó en más de dos oportunidades al régimen penal juvenil.
“Creo que la baja de la edad tiene que ser a los 14 años, más que nada por una cuestión estadística, los ingresos de niños a los 13 en CABA ha sido muy escasa”, dijo Onco.
María Noel Costa, jueza de Cámara del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, advirtió a los legisladores que “tienen una enorme responsabilidad, tal vez por eso durante 44 años no se ha modificado la ley, porque viene ampliar el ámbito de aplicación de la ley penal”.
“Se necesita un enfoque multidisciplinario, escucho que hablan de 12, 13 y 14, realmente es un debate inmenso, incluso desde el punto de vista de las neurociencias”, reclamó.
María Lisia Tulián, jueza de Control Penal Juvenil de Niñez y Adolescencia de Córdoba, remarcó que “el derecho de los niños es a tener un régimen penal -por mandato convencional- diferenciado, que limite los alcances penales que el Estado tiene respecto de los adultos”.
“Hay una exigencia ético-jurídica de trato diferenciado favorable a los niños y adolescentes, porque no es posible tratar igual a quienes están en condiciones diferentes”, añadió.
Cynthia Britez, abogada de la Asociación Americana de Juristas, manifestó una “firme oposición” a la baja de edad de imputabilidad.
“El proyecto no considera el impacto que tiene la pena privativa de la libertad en el proyecto existencial, el daño que tiene en el proyecto de vida de un niño, niña o adolescente, sobre lo cual ha hecho referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó Britez.
Por último, Gabriel Lerner, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia y ex secretario de la SEDRONAR, consideró que “el proyecto del Ejecutivo arranca con una definición muy potente y muy desatinada, ´delito de adulto, respuesta de adulto´ y ya entramos en un camino que nos saca de la Convención de los Derechos del Niño”.
“Es una falacia que el delito cometido por adolescentes aumenta año a año. Hay que ir a un cambio, pero inspirándonos en una mirada que acompañe los procesos sociales y escuchando mucho a los que más conocen a los pibes”, señaló Lerner.
