País. Amnistía Internacional busca que el Poder Judicial ordene al Ministerio de Seguridad brindar la información pública teniendo en cuenta el marco jurídico vigente, y las normas aplicables en el caso concreto.
Con el fin de que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas sobre el modo en que se efectuaron los operativos policiales en las manifestaciones durante 2024, Amnistía Internacional (AI) se presentó ante la justicia para obtener información de indiscutible carácter público que fue negada por la cartera que conduce Patricia Bullrich.
La organización de derechos humanos recibió tan solo dos respuestas parciales e incompletas del Ministerio de Seguridad ante los pedidos de acceso a la información. Las respuestas están relacionadas con el despliegue policial del 29 de mayo, manifestación realizada en ocasión de despidos en la empresa FATE y la del 12 de junio contra la ley de Bases.
Amnistía Internacional solicitó información sobre los operativos relativa a la cantidad de efectivos policiales que intervinieron; el tipo y marca de armas utilizadas y el/los funcionarios a cargo. ?
La información solicitada reviste carácter público, y resulta fundamental para evaluar las políticas de seguridad, así como para documentar de manera objetiva en qué medida se actuó de manera legítima, necesaria y proporcional en el marco de dichos operativos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
En ambas ocasiones la cartera negó la información bajo el fundamento de que “se trata de datos expresamente calificados como reservados, o secretos, por razones de defensa o política exterior”. Para la organización, esta excepción no aplica a la información solicitada.
“El derecho de acceso a la información pública no solo es un derecho en sí mismo, sino que también es esencial para garantizar otros derechos, como el de reunión pacífica. Al permitir a la ciudadanía conocer cómo el Estado emplea la fuerza en manifestaciones, se promueve la rendición de cuentas y se fortalece el control democrático sobre las acciones gubernamentales», expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Al mismo tiempo, Belski destacó: «Esta información resulta necesaria y oportuna para prevenir y eventualmente investigar los abusos que se puedan haber cometido. La negativa del Estado de informar, junto a la reciente reforma a la ley de acceso a la información pública -que buscan opacar y restringir la transparencia del Estado- va a contramano de lo que el gobierno actual pregona en la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas”.
Amnistía Internacional busca que el Poder Judicial ordene al Ministerio de Seguridad brindar la información pública teniendo en cuenta el marco jurídico vigente, y las normas aplicables en el caso concreto.
En su presentación se exponen los argumentos por los cuales se considera que la denegatoria de la información requerida afecta derechos fundamentales y se solicita que se ordene al Estado Nacional a brindar la información requerida.
La organización advirtió que desde el 10 de diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad aprobó una serie de reglamentaciones normativas que «vulneran el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, a la protesta pacífica y que desconocen los estándares internacionales sobre uso de la fuerza».
De acuerdo con los estándares internacionales, el “Protocolo Antipiquetes” tiene varios problemas para la vigencia de los derechos de las personas, promueve que se intensifique la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.
A partir de la vigencia de esta normativa, en algunas de las manifestaciones que Amnistía Internacional viene relevando, puede observarse el uso abusivo de la fuerza con el objeto de limitar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
En este sentido, «se observa que las fuerzas de seguridad recurren al uso de la fuerza como primera medida, desconociendo los principios de Naciones Unidas sobre uso de la fuerza, aumentando situaciones de violencia que luego son más complejas de controlar y dejando como resultado numerosas personas heridas (algunas con lesiones graves y permanentes), y personas criminalizadas», aportó AI.
