El PJ y la oposición avaló el convenio por el transporte metropolitano, pero hubo pase de factura a Llaryora de los cambiemistas

Córdoba. En la medianoche de este miércoles, la Unicameral aprobó la ley por la cual se ratifica el convenio rubricado por la Provincia y los municipios del Área Metropolintana.

En primer término, el oficialismo consiguió los 2/3 de los presentes para avanzar con el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley girado por el Gobierno de Martín Llaryora. Al no pasar por comisión, las espadas de la UCR y el Frente Cívico criticaron el debate exprés de la norma, cuya jugada fue fogoneada por la administración llaryorista.

Tras un acotado pasaje de alocuciones de opositores y oficialistas, la Unicameral sancionó la ley que ratifica el convenio suscripto entre la provincia, la Municipalidad de Córdoba y el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana conformado por 16 municipios y comunas del Gran Córdoba.

El objeto de dicho convenio es la implementación del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Córdoba (SITMeC) “destinado al fortalecimiento del servicio público de transporte en la ciudad de Córdoba y el Área Metropolitana, a través de la optimización de la infraestructura y los recursos de las distintas jurisdicciones, para la mejora en la interconectividad entre sus ciudades y comunas, con el fin de potenciar y estimular el transporte público”, reza el artículo 1 del texto, siendo el 2º de forma.

En la elevación del proyecto, el Poder Ejecutivo planteó que el servicio que se prestará a través del SITMeC será “multimodal, integrado, bidireccional, con costos diferenciados, medios de pago integrados y aportes necesarios para su correcto funcionamiento”.

“Mediante esta iniciativa conjunta, se pretende dotar de interconectividad y dinamismo al sistema, generando un vínculo institucional de colaboración y cooperación mutua para desarrollar acciones estratégicas con perfil sustentable y sostenible”, argumentó la administración llaryorista.

Ante la “cláusula Spaccesi” que se originó con la idea de evitar los tratamientos sobre tablas, que volvió a sortear la bancada oficialistas, los radicales y juecistas del halconismo cambiemista se quejaron del debate exprés que fogoneó El Panal.

En este sentido se pronunciaron los legisladores Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (Frente Cívico) al apuntar sus cañones contra el Ejecutivo provincial. De todos modos, estas bancadas -sumado al PRO y los monobloques (salvo la izquierda) acompañaron la iniciativa.

De este modo, el oficialismo logró avanzar con amplio margen con la aprobación del proyecto de ley por el cual se ratifica el convenio por el transporte metropolitano. El jefe de la bancada PJ, Miguel Siciliano, valoró el respaldo del arco opositor al presente proyecto. Un pedido formulado por el Centro Cívico, pero también por los intendentes y jefes comunales que firmaron el convenio de fecha 2 de septiembre de este año.

Según se informó, el transporte será bidireccional: los colectivos urbanos llegarán a las ciudades del área metropolitana, y los interurbanos podrán prestar servicios en Córdoba Capital. Esto redundará en mayores frecuencias y horarios.

El sistema contempla líneas intermunicipales. En una primera etapa unirán La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, el Aeropuerto, Estación Juárez Celman, Colonia Tirolesa, Mi Granja y Malvinas Argentinas. A futuro, con mayor conectividad vial se enlazará las ciudades que conforman el Ente Metropolitano al sur de la Capital.

«La tarifa será diferenciada. Se mantendrá el precio hasta un trayecto de 10 kilómetros, superado ese límite habrá un costo diferenciado. También se ampliará el abanico de medios de pago», esto lo consignó el parte de prensa de la municipalidad de córdoba.

El sistema estará a cargo de la Unidad Ejecutora, que funcionará en la órbita del Ente Metropolitano y estará compuesta por dos miembros designados por la Municipalidad de Córdoba, dos de la Provincia y uno del mencionado ente.

Juego online

La Unicameral provincial también aprobó el tratamiento conjunto de dos proyectos de resolución vinculados con el juego online.

En este sentido, una iniciativa insta al Ministerio Público Fiscal a dejar sin efecto páginas web en las que se detectaron violaciones a la normativa vigente en materia de regulación del juego, al permitir que se realizaran apuestas al margen de la ley.

El otro proyecto de resolución insta al Ministerio Público Fiscal que disponga el bloqueo o impedimento de acceso a diversas páginas web o dominios, así como sus direcciones IP asociadas, que violan la normativa vigente en materia de regulación del juego y permiten apostar por fuera de la ley.

La autora de este proyecto es la legisladora Alejandra Ferrero, quien expuso sus fundamentos sobre la necesidad de sancionar esta normativa. Se trata del bloqueo obligatorio de 500 páginas clandestinas con el fin de proteger a la ciudadanía. 

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