País. La condena incluye la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. En el edificio de los Tribunales de Comodoro Py se montó un operativo especial de seguridad ante la “clase abierta” en apoyo a la ex vicepresidenta y en denuncia del «lawfare».
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
A través de la causa “Vialidad” se juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.
La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país se plasmó en una sentencia de más de 1.500 fojas de la cual se leyó la parte resolutiva y desde ese momento corre el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que no quedará firme aún.
El fallo también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), entre otros ex funcionarios.
«Se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades», afirma la sentencia difundida hoy.
De esta manera, Casación resolvió por mayoría de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmar el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que la condenó a seis años de cárcel, pese a que la fiscalía había reclamado doce años de prisión y sumar el delito de asociación ilícita.
Al respeto, el fiscal ante Casación Mario Villar anunció en declaraciones a Noticias Argentinas al término de la audiencia que apelará ante la Corte Suprema la absolución por asociación ilícita y también por las absoluciones a tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido anunciadas por Casación.
En el edificio de Tribunales de Comodoro Py se montó un operativo especial de seguridad ante una “clase abierta” que se desarrolló en apoyo a la ex vicepresidenta y en denuncia del «lawfare» del cual su defensa postula que es víctima.
En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex vicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del “lawfare” en su contra.