País. El fin de las primarias se enmarca dentro de una serie de reformas en los comicios que también incluye modificar ley Orgánica de Partidos Políticos y su financiamiento.
El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso la ley de reforma para el Fortalecimiento Electoral, que implica la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.
Al justificar la intención de eliminar las PASO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que, desde su creación, las primarias «han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos«.
«Solo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces», argumentó Adorni.
Asimismo, remarcó que desde su implementación en 2011, únicamente «hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales».
Sobre la polémica modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos, el Gobierno la justificó en el objetivo de «mejorar su representatividad» y evitar los famosos sellos de goma «cuyo único objetivo es el recaudatorio», según subrayó Adorni.
De esta manera, las agrupaciones deberán contar con 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas.
En el caso de los partidos nacionales se les exigirá presencia en al menos diez distritos (hoy se requieren cinco jurisdicciones). También se va a presentar una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa.
En cuanto al régimen de financiamiento electoral, la administración libertaria propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas.
A su vez se impulsa la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas (quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales), la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección, y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.