Córdoba. El resultado de la votación arrojó 35 votos a favor y 33 en contra, una abstención de Luciana Echevarría y la ausencia de Federico Alesandri ante el fallecimiento de su padre.
En medio del choque de fuerzas, y el cerrado rechazo del arco opositor liderado por el interbloque «ampliado» de Juntos por el Cambio (UCR, Frente Cívico, PRO, Construyendo Córdoba y el liberal Gregorio Hernández Maqueda), más la negativa del vecinalista Rodrigo Agrelo, el peronismo necesitó de los votos de su aliada Karina Bruno y del libertario Agustín Spaccesi para sumar dos defensorías adjuntas en el Ministerio Público de la Defensa (MPD) con competencias específicas: en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género; y en materia civil y de familia.
La norma original sancionada hace un año creaba el MPD con un Defensor General y dos adjuntos como cabeza de este organismo que tendrá bajo su mando a los 526 asesores letrados del Poder Judicial. Con la reforma aprobada, se incorporan dos adjuntos más.
El resultado de la votación arrojó 35 votos a favor y 33 en contra, una abstención de Luciana Echevarría y la ausencia de Federico Alesandri ante el fallecimiento de su padre, el dirigente delasotista Carlos Alesandri.
Las voces que se escucharon del arco opositor apuntaron su queja de que se crea una “superestructura burocrática” con funcionarios “bien pagos” y con cargos vitalicios “sin resolver el problema de fondo” en la base. En su réplica, el oficialismo afirmó que las dos nuevas defensorías adjuntas son “una necesidad para robustecer el sistema” de la defensa pública.
Los halcones de Juntos por el Cambio y de otras bancadas se cruzaron duro con espadas oficialistas en el debate de esta iniciativa del PJ en lo que fue la antesala de la negativa opositora por la designación de Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia y los pliegos de Pablo Bustos Fierro como Defensor General del MPD y de Pablo Pupich como Defensor Adjunto del mismo organismo judicial, cuyo tratamiento se dará en la última sesión del 27 de diciembre.
“Con estos dos cargos vitalicios más no se está dando respuesta a ninguno de los problemas de saturación en la base”, dijo la radical Brenda Austin al expresar el rechazo de la UCR.
“Esta iniciativa no contribuye a resolver el problema que estamos viendo de saturación en el Poder Judicial, sobre todo en la base, en el rol de la defensa y en la necesidad de fortalecer las herramientas para los sectores más vulnerables que hoy están buscando acceder a condiciones de justicia verdaderamente dignas”, remarcó.
Al salir al cruce de las críticas, Julieta Rinaldi aseguró que “este debate no es nuevo” y apuntó contra los opositores por “buscan cambiar el foco de la discusión”. En ese sentido, la oficialista dijo que “debe estar puesto en dotar a los ciudadanos de herramientas suficientes para que vayan en procura de garantizar los derechos fundamentales”.
Argumentó que estas dos nuevas defensorías adjuntas son “una necesidad para robustecer el sistema”. “Se requiere de una mirada específica sobre estos sectores con la necesidad de contar con estas áreas especializadas que brinde respuestas concretas a estos grupos particularmente afectados”, enfatizó la peronista.
Más personal para la FPA
Por otro lado, con mayor respaldo, el PJ logró sancionar la ley para engrosar los recursos humanos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), impulsada por los oficialistas Miguel Siciliano y Nadia Fernández.
De este modo, se habilita la incorporación de personal capacitado académicamente en instituciones de formación de las Fuerzas Armadas (FFAA) a la FPA cordobesa. En su alocución, Fernández advirtió que, en la actualidad, la cantidad de miembros de esta fuerza “es insuficiente”. Con la nueva medida “calculamos aportar más de mil efectivos candidatos postulados para su capacitación”, dijo.
“La lucha contra el narcotráfico requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Esto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad”, sostuvo Siciliano.
“Es necesario reforzar el recurso humano de la Fuerza Policial Antinarcotráfico a los fines de imposibilitar el avance del delito de narcotráfico y asegurar las fronteras de nuestra provincia”, completó el jefe del bloque oficialista.
La UCR dio “una mano” para sortear «el sobre tablas» del proyecto, pero se abstuvo al momento de la votación, al igual que Dante Rossi (Construyendo Córdoba). El bloque juecista comandado por Walter Nostrala, la bancada del PRO y los legisladores Rodrigo Agrelo y Agustín Spaccesi acompañaron al oficialismo en la aprobación de esta reforma a la norma 10.227, Ley Provincial Antinarcotráfico.
Autoridades ratificadas
En la sesión preparatoria de ayer, el pleno aprobó la continuidad de autoridades y funcionarios de la Cámara que se desempeñarán durante el 2025.
De esta manera fueron ratificados en sus cargos los oficialistas Facundo Torres como presidente provisorio y Nadia Fernández, vicepresidenta del cuerpo. Además, Oscar Saliba (UCR) y Daniel Juez (Frente Cívico), seguirán al frente de las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.
