Ciudad de Córdoba. Simonián insistió en que el presupuesto “es una hoja de ruta que plasma las inversiones e impronta de la gestión, para que los vecinos tengan un contralor”.
En la sesión especial de este lunes, presidida por el viceintendente Javier Pretto, la mayoría oficialista sanción de forma definitiva del Presupuesto 2025, junto a las otras dos ordenanzas que conforman el paquete económico de la gestión Passerini.
De esta manera, el cuerpo deliberativo -pese al rechazo opositor- aprobó en segunda lectura el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual año 2025.
“Estas ordenanzas dotan de institucionalidad a la Municipalidad. Me permito resaltar dos premisas: Estado presente y responsable. Esta gestión se propone un rol activo en la prestación de los servicios. Se propone un Estado cercano y eficiente, eliminando 100 tasas para simplificar la gestión del vecino, con un incremento a la Secretaría de Ciudad Inteligente para una ciudad moderna y tecnológica», argumentó la titular de la comisión de Economía, Miriam Aparicio.
«Desburocratizando los procesos se propone un Estado que interviene y apoya la tecnología. Se permitirá consolidar el avance en infraestructura, invirtiendo en obras que se vienen sosteniendo desde hace cuatro años. Los importes mínimos se actualizarán por debajo de la inflación, sosteniendo el 45 por ciento de gasto en personal. La conducta fiscal de la gestión permite una buena performance”, resaltó.
El concejal Javier Fabre (UCR) afirmó que «el municipio de Córdoba es inteligente para cobrar tributos, pero bobo para brindar servicios. Los titulares de todos los municipios están equivocados si creen que estos cambios (de la era Milei) no los alcanzarán. En este entramado de lo nuevo, el gasto no puede ser la mentira de lo social para generar renta electoral. Para que un Estado sea justo es necesario establecer prioridades justas”. Y agregó: “Gastar en lo que se debe gastar, porque hace falta. No hay espacio para acompañar un déficit fiscal que se va a financiar con deuda”.
A su turno la edila Graciela Villata (Frente Cívico) cuestionó que “hay una diferencia de 10 por ciento de la inflación que se toma entre la inflación nacional y la que establece el municipio. Al frente de cualquier desvío, los gastos deberán como mínimo recortarse, y a esto no lo viene haciendo el municipio».
«Nos hubiese gustado que hubiera algo que fundamente por qué estamos en emergencia, pero no leímos un solo párrafo al respecto. Pedimos el plan de obras y no nos mandaron. Es cierto que el Concejo cumplió con la ordenanza de audiencia pública, pero no se escuchó a los vecinos”, subrayó la juecista.
Por su parte, la concejala Laura Vilches (FIT Unidad) expresó su rechazo al paquete económico. “Indagar este presupuesto con la falta de información pública, es votar un cheque en blanco”, comparó. Luego reclamó por los alquileres de TAMSE y el pasivo que dejó la empresa ERSA, como así también sobre la promesa de un nuevo marco regulatorio. Además, destacó que es un “presupuesto de ajuste”, ya que las políticas de infancia tienen menos presupuesto que lo designado a seguridad ciudadana.
Desde el radicalismo, también se pronunció Elisa Caffaratti (UCR), quien enfatizó: “Nada cambió desde la primera lectura. Continúan con las facultades delegadas que derivan de las emergencias. El presupuesto tiene 36 artículos, pero en 21 se delega al Ejecutivo”, se quejó.
Por último, al momento del cierre de los discursos, el oficialista Martín Simonián insistió en que el presupuesto “es una hoja de ruta que plasma las inversiones e impronta de la gestión, para que los vecinos tengan un contralor”.