País. “Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad”, sostuvo el secretario general, Rodolfo Aguiar.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le solicitó al Gobierno nacional un informe por la presunta “destrucción” de archivos históricos de la Armada Argentina.
El pedido formal se presentó ante el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, después de que se diera la orden del traslado de archivos a una nueva sede “con el objetivo de depurar la información con posibilidad de trituración de documentos”.
Al alertar por esta situación, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó que “40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país».
«No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”, advirtió.
“Sin lugar a dudas, esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos. No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente. Tenemos que impedirlo”, agregó el dirigente sindical.
En la nota enviada bajo el expediente X-2025-10252565-APN-DNPAIP#AAIP, dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, ATE exigió al Gobierno que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental.
“Esta decisión forma parte de una política de ataque a los Derechos Humanos en general y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular. Desde el cierre del INADI, el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el intento de cierre de los sitios de la memoria, y el despido de sus trabajadoras y trabajadores. Entonces esto que están haciendo ahora es gravísimo, porque además de desmantelar el equipo de profesionales que analizaba esos archivos y los preservaba, ahora directamente apuntan a su destrucción”, señaló Valeria Taramasco, secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional.
“Además nos preguntamos, ¿a cargo de quiénes queda la selección de los archivos a depurar y triturar? No sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado y garantizar la impunidad a sus perpretradores”, concluyó.
Desde la asociación gremial se manifestó que «la política de ajuste y desmantelamiento del Estado de Javier Milei provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas, que incluía profesionales archivistas, historiadores, sociólogos, comunicadores». «Este equipo, entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad», aportó.
