País. Fue propuesto por el mandatario libertario a principio del 2024, Pese a las impugnaciones, su pliego obtuvo dictamen en comisión, pero no logró llegar al recinto del Senado.
La candidatura del juez federal de primera instancia Ariel Lijo cosechó adhesiones como también fuertes impugnaciones durante el tratamiento de su pliego en el Senado. El magistrado es uno de los integrantes del selecto grupo que componen Comodoro Py, los tribunales federales más cuestionados compuesto por solo 12 jueces.
El desembarco de Lijo en el edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro fue en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y tras su paso como secretario de la Cámara Federal.
Su figura fue rápidamente emergente por su intervención en casos de alto perfil público como, por ejemplo, las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.
En 2023, Lijo quedó a cargo de la investigación del atento contra la mutual israelita que lleva 30 años de impunidad.
Entre otros casos muy sensibles, el magistrado lo investigó al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa.
Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso. Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, consignó NA.
Lijo también investigó a ex funcionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.
Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py.
Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el ex ministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.
Pero, mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.
El magistrado tiene 32 denuncias ante el Consejo de la Magistratura y fue denunciado por asociación ilícita, lavado y soborno. Al hacer un repaso de la labor de su juzgado, se observa que de las 89 causas de corrupción a su cargo, 26 siguen en período de instrucción. De esas, 13 están en ese estado hace 10 años o más.
