Santa Fe. Se trata de una tarea coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
En el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación procedieron este jueves a otra inactivación de un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario.
En esta ocasión, el procedimiento se llevó adelante en un inmueble ubicado sobre calle Cosquín al 2800, en el norte de la ciudad.
Desde principios de 2024, el Gobierno de Santa Fe lleva realizados más de 40 operativos de estas características en toda la provincia. Se trata de una tarea coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad -que encabeza el ministro Pablo Cococcioni-, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
Sobre este último operativo en Rosario, los secretarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, de Seguridad Pública, Omar Pereira, y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; junto al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ramiro González Raggio, fueron los encargados de brindar los detalles de las acciones.
Santantino destacó “el cambio que ha significado en materia de política criminal, persecución penal del microtráfico, llevar más de 40 puntos de venta desactivados a lo largo y a lo ancho de la provincia”. Y agregó: “No es solo la ciudad de Rosario, donde ya han sido más de 30 los puntos de venta que han sido desactivados, sino también a lo largo del cordón industrial, en otras localidades y también en la ciudad capital”.
El funcionario valoró el “sostenimiento de estas políticas de estado en el tiempo con la convergencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo que es el que ha brindado a esta gestión las herramientas para poder llevar adelante este tipo de acciones”.
Pereira, por su parte, explicó que “llegar a esta instancia conlleva primero saber quién es el propietario, se hace un estudio también con la gente de Protección Civil y con el Ministerio de Seguridad para saber cuáles son las condiciones de la vivienda, si están en condiciones o no de ser derribadas”.
“Una vez definido todo eso, se pasa el informe a Fiscalía y a partir de ahí en la audiencia el juez determina cuál es la medida que él considera más apropiada en base a todo lo que se le hace saber y en este caso, como en otros, se ha optado por la inactivación. Se bloquean todos los ingresos, las puertas, las ventanas”, completó el funcionario.
A su vez, González Raggio informó que “en ésta causa el 18 de febrero se le atribuyó la tenencia de drogas con fines de comercialización a tres hombres, que están con prisión preventiva. En el domicilio se halló material de estupefacientes y, por la constatación que se hace en el interior, es evidente que se trata de un lugar para la venta de estupefacientes porque no hay signos de que allí vivan personas”.
“Entendemos también que es una muestra de la presencia del Estado y una respuesta a los vecinos que están constantemente denunciando este tipo hechos, tanto de venta y todos los delitos que están conectados con eso que pueden ser el abuso de armas de fuego hasta homicidios”, afirmó el fiscal.
La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
