Santa Fe. Los fondos provienen de lo recaudado en las subastas realizadas por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El 15 de marzo se realizará el primer remate del año.
El Gobierno santafecino continúa con la política de incautar los bienes de bandas delictivas y, con esos fondos, resarcir a las víctimas o devolverlos a la sociedad. En esta ocasión, fueron ocho las personas compensadas tras haber sido afectadas por actividades ilícitas.
“Continuando con la política de quitarle el dinero a los delincuentes y devolverlo a la sociedad, en este caso a víctimas, a través de un procedimiento judicial y administrativo que hicimos con la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se realizó un resarcimiento de más de 33 millones de pesos a ocho víctimas que fueron afectadas por una estafa en una causa en la ciudad de Rosario”, explicó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza.
“Estos $ 33 millones, cuyo monto a cobrar por cada víctima fue determinado por un juicio abreviado en la Justicia provincial, se pudieron devolver gracias a que los bienes que quitamos a los delincuentes, en este caso a los estafadores, los pudimos rematar en subastas públicas y transformarlos en dinero. Esto demuestra la importancia de la Aprad en la provincia de Santa Fe. Es fundamental para debilitar el crimen organizado, mostrando en esta oportunidad que quitamos el dinero a los delincuentes y lo devolvemos a quienes fueron estafados, cerrando el circuito de la importancia de las subastas públicas en nuestra provincia”, remarcó el funcionario.
Por otra parte, Figueroa Escauriza resaltó que esta manera de compensar a quienes fueron víctimas del delito se ha mantenido durante toda la gestión: “Ya son 13 las víctimas que hemos resarcido y muchas las instituciones que hemos beneficiado con donaciones producto de la compra de elementos que adquirimos a partir de las subastas. Esto es una política de Estado muy importante para nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia”.
En esta oportunidad, las ocho víctimas habían sido estafadas en la ciudad de Rosario bajo un esquema Ponzi, o estafa piramidal. Los $ 33 millones con los que se compensó a las víctimas (con diferentes montos dispuestos por la Justicia) fueron recaudados a raíz de la subasta de un vehículo que había sido incautado en el marco de esa causa.
