La justicia respaldó al gobierno porteño en el manejo de la seguridad con la intervención de fuerzas federales durante las protestas

CABA. De esta modo se rechazó un amparo presentado por representantes de la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió hoy rechazar in limine un amparo presentado por representantes de la CGT y de la UTEP.

Las organizaciones gremiales y sociales buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en las manifestaciones que se realizan dentro del ámbito porteño, con el foco puesto en la protesta de jubilados de esta tarde frente al Congreso con el apoyo de la central obrera.

De esta manera, la Cámara le dio la razón al Gobierno de la Ciudad, al considerar que no existía una omisión comprobable por parte del Ejecutivo local en sus deberes de seguridad.

La resolución se dictó luego de que el gobierno porteño apelara un fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, quien en primera instancia había hecho lugar parcialmente a una medida cautelar que 
ordenaba al Ejecutivo porteño asumir de forma exclusiva la coordinación del operativo de seguridad previsto para la movilización de este miércoles, y al Estado Nacional a abstenerse 
de intervenir más allá de los límites legales vinculados a la protección de «objetivos federales».

Al analizar la cuestión, la Cámara –integrada por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik– sostuvo que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la 
actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos, según consignó NA.