País. El diputado cordobés explicó que “la iniciativa busca ordenar y visibilizar una práctica que opera desde hace años en una zona gris».
En medio del avance judicial de la investigación por el cripto escándalo $Libra y sus avatares legislativos, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que apunta a definir un marco normativo para regular la actividad de lobby en los asuntos públicos.
Según indicó el legislador cordobés, «la iniciativa busca ordenar y visibilizar una práctica que, aunque legítima en democracias modernas, en Argentina opera desde hace años en una zona gris». «Una ley para saber quién tiene peso en las decisiones del Estado», acentuó.
El proyecto prevé la creación de un Registro Nacional de Gestión de Intereses, de carácter público, digital y obligatorio, al cual “los gestores” -sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil- deberán inscribirse y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios.
Por otra parte, la iniciativa del diputado opositor establece obligaciones para los funcionarios públicos, quienes deberán reportar sus encuentros con lobistas, incluso cuando estas interacciones se den por redes sociales.
“La influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad. Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”, explicó Agost Carreño.
La propuesta incluye, además, sanciones proporcionales para quienes incumplan con el sistema de registro, prohibiciones de actuar como lobistas para exfuncionarios en los dos años posteriores a su paso por la función pública, y la obligación de denunciar posibles delitos cuando se detecten irregularidades.
“Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”, argumentó.
El legislador de Encuentro Federal recordó que Estados Unidos cuenta desde 1995 con una legislación específica, el Lobbying Disclosure Act, que exige a quienes gestionan intereses ante el Congreso o el Poder Ejecutivo que se registren, declaren sus actividades y rindan cuentas de sus vínculos.
“Lejos de ser un obstáculo, estas herramientas fortalecen la democracia y la confianza pública en las instituciones”, consideró el cordobés.
El escándalo por la promoción de la megaestafa vinculada a la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, quien había mantenido reuniones en las sombras con empresarios del mundo cripto, dejó profundas secuelas institucionales y sobre todo “dejó al desnudo los peligros de no tener normas claras” para regular la actividad del lobby, opinó el integrante de la bancada federal.
«Una sola publicación presidencial, hecha tras esos encuentros con figuras del ecosistema fintech, disparó el valor de una moneda sin respaldo y, con ello, benefició a algunos pocos y perjudicó a miles de pequeños ahorristas que confiaron en una supuesta legitimidad institucional”, recordó el diputado nacional.
