Córdoba. La dirigente macrista finalizó su tarea como interventora en la Defensoría del Público, organismo que depende del Congreso Nacional.
La concejala del PRO, en uso de licencia, Soher El Sukaria, concluyó su gestión como interventora de la Defensoría del Público de la Nación, tras 120 días de la auditoria encargada a la amarilla cordobesa.
Desde su entrono próximo se dijo que el organismo, que había sido convertido -durante años de gestión kirchnerista- «en un bastión de control ideológico y persecución mediática», queda luego de la intervención «con cuentas ordenadas» y bajo evaluación del Gobierno nacional de su continuidad o eventual cierre.
En línea con la motosierra de Javier Milei, en su paso por la Defensoría, la dirigente del PRO cordobés referenciada en Mauricio Macri aplicó «un fuerte ajuste institucional», se señaló.
Dicho ajuste implicó la reducción de la planta de personal en un 65% y la eliminación de estructuras superfluas. A su vez, se desactivó prácticas, cursos y capacitaciones que «poco tenían que ver con la ‘defensa del público’ y mucho con la censura encubierta», según manifestaron desde su círculo próximo.
Uno de los puntos observados luego de la auditoría, que duró unos 120 días, fueron las «presentaciones ciudadanas» utilizadas como denuncias contra periodistas críticos que resultaron «un mecanismo habitual que aplicó la gestión kirchnerista», se remarcó.
El Sukaria también disolvió el programa NODIO, detenido formalmente por el Congreso durante la pandemia, pero que siguió funcionando en las sombras como política pública.
Entre las medidas de saneamiento aplicadas por la amarilla cordobesa, se destacan la subasta de bienes innecesarios -incluyendo un automóvil con multas acumuladas que duplicaban su valor y un estudio móvil de altísimo costo-, la devolución de dos inmuebles alquilados que no eran utilizados, la digitalización y despapelización de los archivos, y la donación de material tecnológico obsoleto.
En números concretos, la Defensoría representaba un gasto mensual equivalente a 900 jubilaciones mínimas. «Hoy, tras la intervención, queda con cuentas ordenadas y bajo evaluación del Gobierno Nacional su continuidad o eventual cierre», se dijo cerca de la interventora.
“El desafío era grande, pero el objetivo estaba claro: terminar con el uso político de una institución que había sido distorsionada desde sus cimientos. Lo hicimos con trabajo, transparencia y los valores del PRO”, afirmó El Sukaria al finalizar su tarea al frente del organismo que depende del Congreso Nacional.
De este modo, la dirigente amarilla confirmó su regreso al Concejo Deliberante, a partir de este lunes, donde retomará su rol como concejala del PRO. “Vuelvo a Córdoba con la satisfacción del deber cumplido y con la enorme responsabilidad de aportar para que los vecinos de la ciudad vivan mejor”, completó.
