CABA. “Vamos a defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe”, afirmó el mandatario radical, quien estuvo acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti.
El gobernador Maximiliano Pullaro participó este miércoles de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de la deuda previsional que la ANSES mantiene con Santa Fe.
El mandatario radical lo hizo acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti (Socialismo), en una señal clara de respaldo institucional al reclamo de los fondos que corresponden a la Caja de Jubilaciones provincial.
“La imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia. En un país donde hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias, esto nos distingue y nos muestra completamente diferentes”, destacó Pullaro.
En cuanto al desarrollo de la audiencia, el mandatario la calificó como “buena” y remarcó que hubo sólidos argumentos tanto políticos como técnicos. “El Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado”, precisó.
“El stock de deuda es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe”, aseguró el titular del Ejecutivo provincial.
Respecto al corte del flujo, Pullaro detalló que “la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional. Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente”.
En este contexto, el mandatario radical señaló: “Percibo buena voluntad tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la ANSES para empezar a discutir la deuda. Es una obligación que surge de decisiones tomadas en los años 90, cuando Santa Fe optó por mantener su Caja de Jubilaciones dentro de la órbita provincial, mientras otras provincias la transfirieron a Nación. Ese fue un esfuerzo enorme que hoy debe ser reconocido”.
Pullaro adelantó que en los próximos 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo y, posteriormente, sobre el stock de la deuda. “Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado”, explicó.
Respaldo institucional
En la misma línea, el exgobernador Perotti sostuvo: “Acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”. A su turno, Bonfatti destacó: “Estamos dando un ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia”.
De la audiencia también participaron la secretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina.
Córdoba en la Corte
Cabe recordar que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ya pasó por esta instancia ante la Corte Suprema por el mismo reclamo a la Nación. Ante el máximo tribunal de Justicia, el gobierno de Javier Milei llegó a un acuerdo por el flujo de recursos que debe enviar la Nación a Córdoba por el financiamiento previsional, mientras se analiza el stock de la deuda.
Hace una semana, Llaryora ingresó al expediente de la Corte Suprema una copia certificada de la Ley provincial que ratificó el convenio entre Córdoba y Nación, una forma diplomática de reclamarle al poder central por la demora en el envío de las cuotas de mayo y junio, cada una por 5.000 millones de pesos, de acuerdo a lo refrendado.
