Córdoba. Son seis los uniformados arrestados, entre ellos el titular de la Policía Caminera de Córdoba. Están acusados de usar datos oficiales para obtener beneficios económicos. Se habla de asociación ilícita.
El jefe de la Policía Caminera de Córdoba y otros agentes fueron detenidos en la causa donde se investiga una red de estafas integrada por una organización de grandes dimensiones, en la que también se involucra a civiles y abogados.
El fiscal Guillermo González ordenó este viernes la realización de 11 allanamientos y la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera de Córdoba, que está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.
El múltiple operativo se desarrolló en la Capital de Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín, en viviendas particulares, estudios jurídicos y hasta en oficinas dentro de Jefatura de Policía.
De acuerdo al expediente, los investigados “accedían a información confidencial del sistema policial y la usaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas, en connivencia con civiles y abogados particulares”.
A su vez, los otros detenidos son el civil Gabriel Élido Burkhard; los comisarios Leonardo Javier Torres, Jorge Gutiérrez y Martín Darío Heredia; el hermano de Maximiliano, Gastón Miguel Ochoa Roldán y el suboficial Dante Gabriel Villalba.
Se espera que en los próximos días puede haber nuevos allanamientos y detenciones, según avanza la causa a cargo del fiscal González.
Al estallar el escándalo, que tiene nuevamente en el ojo de la tormenta a la cúpula policial, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el fiscal Guillermo González y el comisario general Alberto Viete dieron una conferencia de prensa este viernes que fue duramente cuestionada por la oposición.
«Es absolutamente irregular que un FISCAL (¡que es parte del Poder Judicial!) dé una conferencia de prensa junto a un ministro del Poder Ejecutivo, horas después de ordenar la detención de funcionarios dependientes precisamente del Poder Ejecutivo. ¡Vamos a denunciar todo!», fustigó el legislador mileista Gregorio Hernández Maqueda.