Córdoba. La ministra Montero confirmó el apoyo para la investigación. Esta acción se enmarca en las hipótesis surgidas a partir de las investigaciones desarrolladas en el marco de la causa conocida como Enterramientos Clandestinos.
La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, mantuvieron una reunión con representantes de organismos de Derechos Humanos de Córdoba (Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.) y familiares querellantes en la causa que investiga enterramientos clandestinos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Durante el encuentro la ministra comprometió el apoyo del Gobierno de Martín Llaryora para garantizar la continuidad de la investigación, frente a las dificultades que atraviesa la misma por la falta de fondos que disponen los juzgados federales que intervienen en la causa.
La reunión, que se enmarca en una respuesta al pedido de las familias querellantes y de la Comisión que agrupa a organismos de DDHH y representantes de la sociedad civil, se concretó en la sala de reuniones del Ministerio de Desarrollo Humano.
Previamente, la ministra junto a la secretaria había mantenido una reunión con el juez federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la causa, y con el secretario Miguel Ceballos, en donde le transmitió el compromiso de la Provincia en el aporte de los recursos materiales y logísticos necesarios para avanzar en la búsqueda de restos de personas desaparecidas, donde se encuentra el predio del ex Centro Clandestino de Detención “La Perla”.
Esta acción se enmarca en las hipótesis surgidas a partir de las investigaciones desarrolladas en el marco de la causa conocida como Enterramientos Clandestinos.
La colaboración del Estado provincial busca garantizar el avance de una causa iniciada en 1998 y que hoy representa una de las últimas oportunidades de encontrar a personas desaparecidas, ante el paso del tiempo y la pérdida de testimonios y evidencias.
En el marco del encuentro, Montero expresó que “la firme defensa de la memoria y los Derechos Humanos es una política transversal de Estado, sostenida en diálogo permanente con la sociedad civil y con quienes han llevado adelante, durante décadas, la búsqueda de verdad y justicia”.
“La ministra nos manifestó que la Provincia va a acompañar con la búsqueda y recibimos con mucha satisfacción esta respuesta en un contexto de regresión a nivel nacional en materia de DDHH, porque si bien, en principio, quien tiene la responsabilidad de acompañar y de gestionar la logística es el Consejo de la Magistratura, al no tener seguridad de tener respuesta con ellos, acudimos a la Provincia.
Valoramos mucho todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en Córdoba de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló Patricia Chalup, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.
