Ciudad de Córdoba. El cuerpo deliberativo no fijó tope y deja librado ese aspecto a la reglamentación que disponga el Departamente Ejecutivo Municipal (DEM), en su carácter de autoridad de aplicación.
En el marco de una protesta de taxis y remises, y un amplio operativo de seguridad en sus inmediaciones, el Concejo Deliberante aprobó en la sesión de este jueves la ordenanza que regula el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas.
La iniciativa se aprobó en general, por 28 votos a favor, dos rechazos (concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Vázquez) y la abstención de Laura Vilches (FIT). Mientras que la polémica pasó por el artículo 9 del proyecto aprobado que, a instancias del oficialismo, no fijó un cupo de vehículos a habilitar, como se planteaba inicialmente.
Ante este punto que dominó la discusión central en estas últimas semanas, y conforme quedó redactado el artículo 9 de la norma, en el pleno del Concejo se manifestaron votos negativos desde diversos bloques, que incluso exhibió la dividisión en el oficialismo y el Frente Cívico.
De acuerdo a la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia, esta norma regula y da un marco legal para el funcionamiento del servicio de transporte privado, de interés público, contratado mediante apps.
El punto central de la ordenanza es que se eliminó el cupo de 4.000 vehículos que se había debatido inicialmente. De este modo, el Concejo no fijó tope y deja librado ese aspecto a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo, en su carácter de autoridad de aplicación.
Expresiones a favor y en contra
El concejal Marcos Vázquez (HUxC) justificó la regulación de las apps en la necesidad de permitir la inserción de las nuevas tecnologías y formatos de movilidad, y por tratarse de un servicio privado que es de interés público.
“La Municipalidad debe ordenar la actividad. En el artículo 4 están los requisitos solicitados a las empresas que presten actividad. En los artículos 5, 6 y 7 se plasman los requisitos de los conductores, dotando exigencias de cilindradas y que quienes los conduzcan deben ser personas idóneas. Se fija además un mínimo de tarifa no menor a la del TUP, y una tarifa dinámica, determinada ante la solicitud del usuario. La ordenanza es el fruto del consenso y seguramente nadie puede decir que no fue escuchado”, señaló.
El edil Gabriel Huespe (Ciudadanos) destacó que ahora “podrán trabajar en igualdad de condiciones taxistas, remiseros y plataformas, las que han venido a resolver la vida de la gente para trasladarse”. El opositor sugirió que el Ejecutivo sea quien establezca el cupo. Al respecto, argumentó: “La regla es que el nuevo sistema nazca libre y el Estado, haciendo uso de la facultad y el poder de policía, sea capaz de establecer lo requerido. Como Concejo, debemos regular, no sobrerregular”, opinó.
Desde la UCR, Sergio Piguillem planteó el acompañamiento de su bloque. Cuestionó que la ordenanza no se haya analizado conjuntamente con el marco regulatorio del transporte masivo y también con correcciones al régimen de taxis y remises.
“La gran mayoría de los cordobeses eligió las aplicaciones, porque el bondi no pasa a tiempo, las paradas no son seguras y el boleto es caro. Esto cambió a los pasajeros de un servicio a otro. El convencimiento es que el usuario deje de tener un sistema en la ilegalidad”, argumentó.
Graciela Villata (Frente Cívico) rechazó el proyecto y planteó también que “se debería haber trabajado no solo las aplicaciones, sino con taxis y remises”, para quitarles exigencias burocráticas y carga tributaria a estos últimos.
En ese último punto coincidió Javier Favre (UCR), aunque en su caso acompañó. “Voto favorablemente, incluso algunos artículos que no me agradan, pero la regulación es una deuda grave que teníamos con los vecinos, al punto de que fue el Poder Judicial quien nos mandó a hacer lo que nos correspondía. Es un avance establecer que el transporte por apps es una actividad lícita. El limbo jurídico es malo para la ciudad”, sostuvo.
Los oficialistas Gustavo Pedrocca y Ricardo Moreno se expresaron en contra del artículo 9, advirtiendo que el avance tecnológico se está llevando puestos muchos trabajos tradicionales, como el de taxis y remises.
“Entiendo que hay que normar, pero el cupo impartía justicia y seguridad a los trabajadores, y hoy ya no está”, cuestionó Pedrocca, mientras que Moreno aseguró: “Acá se rompe el principio de igualdad. Me llama la atención que se haya vuelto atrás con el tema de fijar un cupo. Confío en el criterio del intendente para no afectar con la reglamentación los intereses de taxistas y remiseros”.
Más voces
Su par de bancada Diego Casado, también criticó la no fijación de cupo. “No estoy contra las apps, pero deben regularse en un marco sostenible. Esto va a devastar el transporte público. ¿Qué pasará si por ejemplo ahora vuelven las trafic a levantar pasajeros? ¿Cómo se controlará a los conductores y la seguridad si no hay cupo?, preguntó.
Martín Juez (Frente Cívico), que se diferenció de su bloque y acompañó el proyecto, expresó: “Es extraño que hayamos pasado de un cupo de 4.000 vehículos, a dejarlo librado a la voluntad del intendente. ¿qué pasó?. Alguien debe explicar este cambio. Considero que las apps son la solución, no el problema. El problema es que tenemos que ver cómo taxis y remises pueden competir en igualdad de condiciones, y que después el usuario elija”.
En defensa de la liberación del sistema, Jéssica Rovetto (Cordobeses por la Libertad) dijo que “el cupo distorsiona todo y lleva a una menor oferta y tarifas más caras” y consideró “un riesgo” que la fijación de un tope quede al arbitrio del Ejecutivo. “La ventaja de las apps es justamente el dinamismo. Se ajustan a la demanda de manera flexible”, indicó.
Por último, Soher El Sukaría (PRO) valoró que “el bien mayor es cuidar el transporte y la seguridad de los ciudadanos” y remarcó que el Ejecutivo “siempre tiene un margen de discrecionalidad al reglamentar normas”, por lo cual votó favorablemente.