País. De esta manera, la Cámara Alta dejó firme hoy la ley emergencia en material de discapacidad que establece que se deberán cancelar deudas con prestadores y las pensiones.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue ratificada hoy por el Senado de la Nación al insistir en su vigencia ante el veto del presidente Javier Milei, lo que resulta un nuevo revés para la administración libertaria.
El debate se dio en medio del ajuste en el sector y el escándalo por la supuesta corrupción que develaron los audios del ex ANDIS, Diego Spagnuolo, que involucra a la cúpula del poder libertario que habita la Casa Rosada.
Con 63 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, la Cámara Alta rechazó el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La normativa que sigue firme establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Entre los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, se destaca una actualización en las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
Se fija por ley que las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
En este marco, el Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
