El juecismo exige información a APROSS sobre cobertura a pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes

Córdoba. “Las personas con Enfermedades Poco Frecuentes atraviesan una vulnerabilidad estructural», advirtió la parlamentaria Almada.

A través de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, la legisladora Nancy Almada (Frente Cívico) demandó que el APROSS brinde precisiones sobre la atención y cobertura que reciben los afiliados con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) en la provincia.

El pedido busca conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Nacional 26.689 y en la Ley Provincial 10.388, que garantizan a estos pacientes una cobertura integral, continua y oportuna.

Entre los principales puntos, se solicita el número de afiliados con diagnóstico de EPF, desglosado por patología y año. El estado de implementación del Registro Provincial de EPF y articulación de APROSS con dicho sistema. Y el porcentaje de cobertura otorgada en medicamentos, tratamientos y terapias.

A su vez, se busca conocer los programas específicos destinados a pacientes con EPF o bajo qué regímenes actuales se gestionan sus solicitudes. Los tiempos de respuesta en los trámites de cobertura y fundamentos de posibles limitaciones basadas en criterios socioeconómicos. Y el listado de medicamentos incluidos en el vademécum de APROSS con cobertura 100% y protocolos de incorporación de nuevos tratamientos.

Ante la presentación de la iniciativa, Almada señaló que «las personas con Enfermedades Poco Frecuentes atraviesan una vulnerabilidad estructural: diagnósticos tardíos, falta de medicamentos específicos, obstáculos económicos y dificultades de acceso». «El Estado tiene una obligación reforzada con ellos, y APROSS debe rendir cuentas sobre cómo garantiza sus derechos”, subrayó.

La integrante del bloque Frente Cívico advirtió, además, que la falta de respuestas claras genera un aumento de la judicialización, lo que no solo implica un daño adicional para las familias sino también un costo mayor para el sistema de salud. “Prevenir estos conflictos con gestión eficiente y protocolos transparentes es una obligación ética y económica”, concluyó.

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