País. En una insólita medida anticonstitucional, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 pero advirtió que su ejecución queda suspendida hasta que el Congreso incorpore fuentes de financiamiento en el Presupuesto.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones.
Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el artículo 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento). Constitucionalistas advierten que resulta nulo e inconstitucional dicho decreto de Milei.
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Ante la medida de la administración nacional queda frenado hasta que haya partidas las altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones. Y las compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto. Según lo dispuesto, también se frenan las incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC y el despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia con financiamiento