Córdoba. El gremio calificó como “grave y preocupante” el fallo que sobreseyó al ex magistrado, argumentando que no tenía la calidad de funcionario público al violar información secreta y filtrar preguntas del examen.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) manifestó su profunda preocupación y rechazo hacia la sentencia judicial dictada por la Cámara de Acusación que sobreseyó a Eduardo Caeiro en la causa penal por la filtración de preguntas del examen para funcionarios del Poder Judicial.
«Lejos de cualquier pretensión punitivista, el gremio alerta que el fallo no solo consolida la impunidad, sino que socava los pilares de igualdad, idoneidad y transparencia en que debe basarse todo sistema de concursos», afirmó en un comunicado.
El gremio planteó que lo más alarmante es que la Cámara entiende que el hecho existió, fue doloso y la información revelada era secreta. Pero la preocupación se despierta cuando la operación lógica de la sentencia avanza escindiendo el carácter de funcionario público del imputado de su rol de Tribunal Examinador.
La Cámara entiende que al poder integrar el Tribunal examinador otras personas como académicas y jubiladas y la selección es por idoneidad y voluntaria, no se advierten las notas típicas del deber de funcionario público. «Pero ese razonamiento es a todas luces artificioso y contrario a la doctrina ética sostenida por el propio Tribunal de Ética del Poder Judicial y por producción doctrinaria de sus integrantes, que enfatiza que magistrados y funcionarios deben conducirse con transparencia, honestidad y ejemplaridad en todos los ámbitos de su actuación», advirtió.
En su rechaco, la AGEPJ indicó que «la sentencia olvida que la persona bajo cuestión era Defensor Publico y trabajaba en el mismo edificio que la gran mayoría de las y los aspirantes a rendir ese concurso, es decir que, para el órgano juzgador, las personas pueden tener dos roles y dividirse artificiosamente cuando en realidad operan bajo uno que es un todo y es el marco del ejercicio de la labor judicial pública y estatal».
Por lo que la entidad gremial aseguró que “no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso. La ética judicial es indivisible y las obligaciones de probidad se exigen en toda circunstancia, precisamente para mantener la credibilidad y confianza ciudadana. Este fallo, al permitir esa escisión, daña gravemente la imagen de la Justicia”.
En este contexto, la conducción de AGEPJ insistió en que «en el procedimiento se probó que Caeiro, entonces magistrado integrante del jurado, entregó preguntas del examen a determinadas concursantes, que el hecho existió, fue doloso y la información divulgada era secreta, lo que les permitió a las favorecidas prepararse de manera ventajosa y artificial».
«Estos hechos muy gráficos, que con mucha razón el sentido común lo puede encuadrar en lo que sencillamente se denomina como corrupción, ahora quedarían impunes mediante una argumentación que, más allá de sus tecnicismos, normaliza lo inaceptable», concluyó.
