País. «El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales», expresó Ferraro.
La oposición que preside e integra la Comisión $LIBRA confirmó que apelarán la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi al denegara el pedido de la comisión investigadora de la criptoestafa para autorizar el auxilio de la fuerza pública a los fines forzar la presencia como testigos de los funcionarios del Gobierno reticentes a declarar.
La solicitud para el uso de la fuerza pública estaba dirigido, en principio, contra el director de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la funcionaria del Ministerio de Justicia y ex titular de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación sobre Libra, María Florencia Zicavo, quienes se ausentaron dos veces consecutivas a las respectivas citaciones.
No obstante, el recurso de la fuerza pública también podría potencialmente utilizarse para obligar a declarar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes también se ausentaron en dos oportunidades sin mediar excusas.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó la decisión de Martínez de Giorgi y explicó que la solicitud a la Justicia para autorizar el uso de la fuerza pública no es “un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones».
«La decisión del juez, en cambio, vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial», cuestionó el carrioista.
El titular de la comisión especial señaló que, atento a lo conversado en la audiencia del día de la fecha con el juez Martínez de Giorgi, y conforme lo suscripto en el acta correspondiente, se requerirá copia de las actuaciones a la fecha, los informes periciales informáticos realizados, los informes remitidos por el BCRA y la CNV, entre otra documentación de interés para el objeto de investigación de la Comisión, tales como los expedientes e informes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción.
Asimismo, se solicitará el acceso a los sistemas informáticos del Poder Judicial y de la Procuración para el seguimiento de las causas N.º 772/2025 y su acumulada N.º 547/2025, dado que no existe secreto de sumario establecido sobre ellas.
Ferraro confirmó además que avanzarán con un oficio a la plataforma RIPIO para que explique su participación e involucramiento con la criptomoneda $LIBRA, al haberla ofrecido públicamente para la compra el día de su lanzamiento.
«El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales», remarcó el parlamentario a cargo de la comisión. «Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno«, concluyó en una abierta crítica a la Justicia.
