Ciudad de Córdoba. Piden revisar un articulado que habilita la imputabilidad de menores de 16 años, lo que iría a contramano de la ley penal juvenil. También se propone incluir sanciones para los actos de negacionismo de crímenes de Estado por parte de funcionarios públicos.
En un encuentro realizado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia recibió un trabajo realizado por docentes de siete cátedras de la casa de altos estudios, con miradas y aportes al debate sobre distintas temáticas que aborda el referido Código.
La lista de oradores se abrió con reflexiones de la docente Emma Mini, quien se enfocó en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Dijo que todas las normas se deben armonizar en torno al modelo social que propugna la autonomía, la eliminación de obstáculos y la accesibilidad. “Hay que asegurar un verdadero enfoque inclusivo y tratar de eliminar la discriminación”, expresó.
A su turno, Marta Juliá hizo eje en el derecho ambiental. Propuso sumar el concepto de “convivencia ambiental”, incluyendo el patrimonio natural y cultural. Advirtió que si bien actualmente la temática ambiental está contemplada desde temas puntuales como la higiene y los residuos, ya es una cuestión transversal que debe asumirse de esa manera en el Código.
La profesora Sofía Pezzano se refirió a la conceptualización del espacio público. “Hoy la mirada es muy acotada, porque no se lo considera como ámbito de reunión y expresión de demandas públicas”, señaló, trayendo a debate la puja entre el derecho a libertad de circulación y el derecho a la protesta.
Pezzano se manifestó en favor de salvaguardar este último, si es ejercido en forma proporcional y adecuada. Del mismo modo, pidió afianzar las sanciones en los casos de invasiones privadas sobre el espacio público, que suelen darse mediante cercamientos o a través de la especulación inmobiliaria.
Finalmente, solicitó contemplar la situación, respecto del uso del espacio público, de los trabajadores de la economía popular (naranjitas, cartoneros, limpiavidrios, vendedores ambulantes). “Hay que consultarlos también a ellos. Que expongan sus propuestas y conflictos”, planteó.
Lyllan Luque, de la cátedra de Criminología, sugirió revisar en el Código, que en una parte del articulado habilita la imputabilidad de menores de 16 años, lo que iría -a su criterio- a contramano de la ley penal juvenil.
También propuso incluir sanciones para los actos de negacionismo de crímenes de Estado por parte de funcionarios públicos.
La jurista Patricia Calvo, de la cátedra de Derecho Público, se refirió a la necesidad de revisar los procedimientos y estructura de los Tribunales Administrativos de Faltas, y también hizo énfasis en la protección de los adultos mayores y los niños y niñas.
Por su lado, Esteban Yangüez, insistió con la posibilidad de poner en marcha los juicios por jurados populares, para incentivar la participación de los vecinos en la gestión de la convivencia. “Córdoba ha sido pionera a nivel nacional en este tema. La convivencia no se impone por decreto, se construye colectivamente”, argumentó.
Por último, su colega Norma Bonifacino sugirió potenciar “las medidas disuasivas y preventivas, y ampliar los apercibimientos”, bajo la convicción de que “las multas no modifican conductas”.
«Ahora la Comisión, junto a la Comisión Redactora del nuevo Código procesará todo ese material y las ponencias que fueron remitidas por escrito», se indicó desde el Concejo Deliberante.
