Córdoba. El bloque radical anticipó la presentación de un pedido de informes para conocer «las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados».
Tras el allanamiento de ayer a diferentes dependencias de la Legislatura provincial, en cuyo operativo se secuestró documentación referida a contratos de personal y normativas vinculada a esos convenios, el bloque de legisladores de la UCR, comandado por Matías Gvozdenovich, exigió «la total apertura de la información» y «la máxima transparencia» de las autoridades de la Unicameral.
«Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la justicia«, expresó la primera minoría opositora en un comunicado.
El procedimiento llevado adelante por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, autorizado por el juez de Control Gustavo Hidalgo, se realizó durante la mañana de ayer ante la Secretaría Administrativa en la sede del Poder Legislativo, ubicado a metros del Centro Cívico.
El allanamiento ordenado por Mondino responde a la investigación de un expediente que se desprendió del caso Kraisman de la «empleada fantasma» de la Legislatura. La causa madre que tiene en el banquillo de los acusados a Guillermo Kraisman y Luciana Castro por defraudación a la administración pública ya fue elevada a juicio. La supuesta empleada Virginia Martínez está imputada por falso testimonio.
Ante una decisión de profundizar la investigación de los contratos, Mondino dispuso el allanamiento con el propósito de poner la lupa en la contratacion de personal y asesores en la Unicameral, bajo diferentes regímenes.
Del procedimiento en la sede legislativa participó la Policía de Córdoba, personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de equipos de computación de Policía Judicial, según consignó Perfil Córdoba.
Ante esta noticia que causó sorpresa entre las diferentes representaciones políticas de la Unicameral, la bancada radical anticipó la presentación de un pedido de informes para conocer «las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados».
«La falta de transparencia y la inobservancia de las leyes de información publica tienen que terminar en Córdoba», cuestionó el bloque que comanda Gvozdenovich, aliado de Rodrigo de Loredo.
