Ciudad de Córdoba. El oficialismo se prepara para aprobar en segunda instancia el paquete económico que sustenta el plan de gobierno municipal para el año próximo, que prevé ingresos y gastos por $1,48 billones.
El Concejo Deliberante de Córdoba realizó ayer su audiencia pública N°72, para el debate público del paquete económico 2026 (Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Tarifaria Anual), y de 12 Convenios Urbanísticos, además de la determinación de un Polígono de Acción Concertada (PAC) en barrio Güemes. Participaron 37 oradores, en formato híbrido (presencial o virtual).
Cumplida esta instancia, el oficialismo se apresta a votar ya en segunda instancia el paquete económico que sustenta el plan de gobierno municipal para el año próximo, que prevé ingresos y gastos por $1,48 billones, sin déficit por primera vez en los últimos 7 años, además de reducción de impuestos.
Félix López Amaya, abogado del Mercado Sud, planteó la necesidad de revisar en la Ordenanza Tarifaria una asimetría impositiva, ya que a los locatarios del Mercado Sud el cánon se cobra a los puesteros en forma individual, mientras que en el Mercado Norte se lo hace sobre el conjunto. Lo mismo expresó Roberto Altamirano, locatario del Mercado Sud, quien aclaró que son apenas un tercio del Mercado Norte. “Ellos son una gran empresa. Nosotros, familias”, dijo.
En nombre de la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), Martín Cerutti, dijo que las droguerías son un pulmón de crédito entre los laboratorios y las farmacias, y que trabajan con un margen acotado del 7%. “Pedimos que no se grave la venta, porque es distorsivo. Graven ese margen del 7%, como se hace en Rosario”, reclamó.
Carolina Montenegro Romero, vecina de Villa El Libertador opinó que los convenios urbanísticos refieren a desarrollos privados a los que no acceden los vecinos comunes. “Hagan planes de vivienda para todos. En los barrios también tenemos derecho a una casa propia y a la identidad de los barrios”, remarcó
Ariel Machuca, de la desarrollista Urbacon SAS e impulsor de uno de los convenios, pidió revisar la OTA en cuanto al cobro de la tasa administrativa sobre factibilidad de proyectos, por considerarla “distorsiva”.
Sofía Gnappi, del centro vecinal de Villa Belgrano, cuestionó la falta de planificación integral. “En estos convenios, el futuro urbano se negocia entre pocos y la ciudad se rompe”, resumió.
Sebastián Parra, de la Cámara de Comercio, consideró “muy positiva” la rebaja impositiva del 30% en Comercio e Industria, “un alivio que mejorará la competitividad en un contexto difícil”.
Nilda Balboa, vecina de Congreso, se quejó de que no haya centros para castración animal en la zona sur, lo que encarece ese servicio para los vecinos. “Sólo se hacen 100 castraciones diarias. No logran resolver la sobrepoblación animal”, señaló.
Santiago Giunta, representante de dos convenios urbanísticos de zona sur, explicó que buscan densificar 3 hectáreas. “Es un proyecto pertinente, dentro de un sector que debería terminar de consolidarse”, aseguró.
José Cornacchione, de Los Boulevares, reclamó información sobre la emisión de deuda por parte del municipio en los últimos años, particularmente en dólares, y cómo se ha venido refinanciando.
Andrea Tumosa, referente de otro de los convenios urbanísticos (Yateré SA), ubicado en camino a San Antonio, planteó que el cambio de normativa propuesto permitirá densificar la zona, mediante lotes individuales y viviendas colectivas, además de la consolidación vial.
Martín Rametta, del centro vecinal de Maipú 1ra sección, criticó la reducción de fondos del Presupuesto Participativo Barrial de un piso del 10% sobre la ejecución de obra pública a un techo del 2,5%. “Pasamos de un derecho a una concesión discrecional”, advirtió.
Sebastián García Díaz, presidente de la organización Civilitas, reclamó eliminar del presupuesto la partida de publicidad oficial, que “es de $15.000 millones”.
José Menso, de la urbanización Manantiales I, opinó que los convenios urbanísticos son legítimos, pero demandó que sean acompañados por obras que mitiguen sus impactos. “En mi zona viven 15.000 vecinos, de 15 desarrollos, y tenemos una sola calle. Es un cuello de botella”, graficó.
David Boffa, de barrio Centro celebró la participación del Estado en la infraestructura y la apertura a los vecinos. “Para definir la boulevarización de Chacabuco-Maipú participamos activamente”, recordó.
Por el contrario, Gustavo Gaviglio, de barrio Jardín Espinosa, opinó que la participación vecinal “es nula” y que todo lo decide la mayoría legislativa del oficialismo.
Enrique Escobés, de barrio Rosedal y dirigente de la UCR objetó la continuidad de la emergencia en distintas áreas de la administración municipal.
Rocío López Arzuaga, de Juntas por el Derecho a la Ciudad, defendió la modalidad de participación ciudadana para la definición del Polígono Güemes. “Estamos orgullosos de que nos convoquen a proponer y dialogar”, dijo.
Juan Carlos Mondejar, de Villa Belgrano, dijo que los vecinos son “tardíamente informados” sobre los convenios urbanísticos, que solo hablan de plusvalía y de beneficios para los empresarios, con acuerdos ya resueltos. En forma similar se expresó Eduardo Ruiz, del Cerro de las Rosas.
Desde Benzin SRL, una de las desarrollistas, Gastón Blanda valoró la utilidad de herramientas como los convenios para dinamizar el uso del suelo en la ciudad. “El desarrollo económico nace del sector privado y puede ser acompañado y promovido desde el Estado”, afirmó.
Manuel Bustos Fierro, de barrio Fortín del Pozo, analizó que la densificación es importante para poder desarrollar servicios. “Aplaudo la decisión de hacer estos nuevos convenios”, señaló.
Juan Saravia, de barrio Alejandro Carbó, se quejó que no haya obras previstas para el canal maestro sur. “Su reparación integral es urgente para proteger viviendas”, destacó.
Fernando Díaz, del Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial celebró la puesta en marcha de los Polígonos de Acción Concertada y que sea el Estado quien asuma el rol de promover la renovación de áreas urbanas. “En los últimos años, los convenios urbanísticos se usaron como regla y no como excepción, y apuntaron a ampliar la mancha urbana, lo que no es sostenible. Ahora vamos al camino inverso: se usan para consolidar sectores y cubrir vacancias dentro de la mancha urbana”, analizó.
Lautaro Celayes, de barrio Güemes, relató que para el Polígono del barrio participaron instituciones, pero que faltó más convocatoria a los vecinos involucrados. Pidió hablar más de vivienda social y no tanto de grandes desarrollos urbanos.
Sergio Villella, corredor inmobiliario, destacó cómo ha ido mejorando en las últimas gestiones el uso de los convenios urbanísticos y en particular de la plusvalía generada, que en la zona sur se destinó a obras de cloacas y desagües. “Trajeron mejoras”, graficó.
Nicolás Mainero, vecino de Inaudi y arquitecto con 25 proyectos en la zona, apoyó los convenios urbanísticos para que más familias puedan acceder a la tierra.
Adolfo Mondejar, arquitecto, evaluó que hay en la ciudad nuevas centralidades alrededor de la Circunvalación y defendió el desarrollo de usos mixtos mediante viviendas, oficinas, comercios, parques verdes.
Ingrid Contreras Pereyra, de barrio Renacimiento, puso en agenda la falta de transporte urbano, nomenclatura de calles, y la existencia de basurales a cielo abierto en su zona. “No queremos privilegios; sí que el barrio sea contemplado en el presupuesto”, resumió.
Desde la Asociación Amigos de la Reserva Natural San Martín, Héctor Tognarelli reclamó ampliar en 50 hectáreas ese espacio verde, para ponerlo a cubierto de los intereses del desarrollismo.
Ariel Bush, arquitecto y responsable de tres proyectos motivo de convenios urbanísticos, salió en defensa de la iniciativa privada y de esa herramienta que ahora sumó la instancia de audiencias públicas que le da más transparencia. “El desafío no es frenar el desarrollo, sino ordenarlo. Y estas herramientas están para eso”, indicó.
Catalina Molinatti, vocal de Asociación Argentina de Planificación Territorial, pidió más plazo para poder hacer evaluaciones técnicas de los proyectos en debate.
Mariana Baldauf, de barrio Rosedal, reclamó al municipio que avance en la expropiación de 30 hectáreas privadas, con bosque nativo, que deben ser anexadas al Parque de la Vida.
Eduardo Ingaramo, del centro vecinal de barrio Güemes, apuntó que no hubo participación plena de los vecinos para definir la densificación. “No se puede definir en 3 días el destino del barrio por los próximos 40 años”, comparó.
Desde esa misma mirada, María Soledad Guzmán opinó que el perfil del barrio ya fue afectado por el polo gastronómico y de boliches, en fricción con la convivencia del vecino común. “Que el progreso no arrase con el barrio que elegimos y su identidad”, indicó.
Finalmente, Pablo Belbruno, de barrio Campo Chico, consideró importante impulsar la apropiación ciudadana de los espacios que han ido quedando quedando vacantes en la trama urbana, para favorecer también la llegada de los servicios.
