Ciudad de Córdoba. En un plenario caliente, el oficialismo aprobó el presupuesto y los convenios urbanísticos impulsados por el Ejecutivo municipal. Hubo abstenciones y rechazos por parte de la oposición.
En la última sesión del año, el Concejo Deliberante -a instancia de la mayoría oficialista- convirtió en ordenanzas el paquete económico municipal 2026 compuesto por el Presupuesto, el Código tributario y la Ordenanza Tarifaria. Además, avanzó con el visto buenos a los 12 convenios urbanísticos impulsados por la gestión local.
El paquete económico fue aprobado por el bloque oficialista y el edil Gabriel Huespe (Ciudadanos), mientras que la UCR y el Frente Cívico rechazaron el presupuesto y el Código Tributario pero acompañaron, en cambio, algunos aspectos de la Tarifaria, especialmente la baja de la presión fiscal. Virginia Caldera y Rovetto Yapur votaron en contra todo el paquete.
El presupuesto proyecta ingresos y egresos por $1,48 billones y marca un equilibrio (sin déficit) después de 7 años de saldo negativo, se destacó desde el oficialismo en el línea con el pronunciamiento inicial del Ejecutivo municipal.
Miriam Aparicio (HUxC) hizo foco en el equilibrio fiscal y en la rebaja del 30% en los impuestos al comercio e industria. También valoró que las calificadoras de riesgo describen como fortalezas de la ciudad su bajo nivel de endeudamiento y el esfuerzo por reducir gastos.
El jefe de la bancada oficialista Martín Simonian calificó de “histórica” la reducción a cero del déficit, más aún “en este contexto de retracción económica y corte de recursos nacionales”.
Desde la UCR, Javier Favre objetó que el ajuste se hizo “restringiendo el músculo municipal, como lo son las obras, y no sobre la grasa excedente del Estado”, como lo serían a su juicio los gastos en propaganda, las estructuras duplicadas y la desmedida planta de personal.
Por su parte, Graciela Villata (Frente Cívico) rechazó la continuidad de la emergencia económica y contrastó esa decisión con los indicadores favorables de las calificadoras de riesgo. “Si el intendente quiere tomar deuda, que venga acá a pedir autorización”, desafió. Finalmente, Soher El Sukaria celebró la menor presión fiscal, pero dijo no entender cuál es el rumbo de la ciudad. “Este presupuesto no tiene sentido, si con la vigencia de la emergencia les alcanza una firma para cambiar las partidas”, advirtió.
Convenios
Los convenios con desarrollistas incluyen un área total de 90 hectáreas y apuntan a promover el completamiento de vacíos urbanos, consolidación urbana en el límite del área rural y urbanizable, y densificación y provisión de usos mixtos.
En todos los casos, pasaron por la instancia de audiencia pública, que es una exigencia novedosa para este tipo de acuerdos que la ciudad realizada hace ya más de una década, se argumentó desde la bancada oficialista.
Pedro Altamira (HUxC) fundamentó que se trata de “transformaciones urbanas relevantes”, que ayudan a ordenar el crecimiento. “No son hechos aislados: promueven una ciudad más integrada y compacta”, señaló. Luego detalló ubicación, características, superficie y beneficios tanto urbanos como económicos que producirá cada uno de los proyectos.
Los recursos generados por plusvalía que quedarán para la ciudad a raíz de estos 12 convenios están estipulados ya en montos, forma y plazos de pago: serán casi $6.000 millones, que el municipio recibirá en su mayor parte a lo largo de 2026.
El concejal Simonian recordó que estos acuerdos no suponen que de inmediato se iniciarán las obras propuestas. “Son estudios de factibilidad. A partir de las exigencias técnicas que ponga la Municipalidad y de su cumplimiento efectivo por parte de los privados, se verá si los convenios llegan a buen puerto”, aclaró.
Desde la bancada UCR, Elisa Caffaratti reivindicó a los convenios como “una herramienta válida y mejorable”, pero cuestionó que los 12 acuerdos se voten en el Concejo en la última sesión, en paquete, y pese a que “hay informes técnicos que mencionan problemas viales, de anegamiento y ambientales” en los terrenos en cuestión.
El bloque radical se abstuvo de votar, lo mismo que El Sukaria (PRO) y Jéssica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad).
La edila Graciela Villata (Frente Cívico) criticó que “no hubo participación de los vecinos” en la audiencia pública y también la falta de un plan director previo que establezca, desde el Estado, hacia dónde debe ir la ciudad. El juecismo rechazó los proyectos, lo mismo que la concejala Virginia Caldera (FIT).
