Entre Ríos. Ante la extrema gravedad de los hechos, el Gobierno presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.
El Gobierno de Rogelio Frigerio realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna ante el descubrimiento, este miércoles, de aparatos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.
Ante la extrema gravedad de los hechos, que atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.
Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
En este contexto, el gobierno de Frigerio destacó en un comunicado que «durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó».
«Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar», afirmó.
La administración provincial insistió además con que se investigará «hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida».
«La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener», enfatizó la gestión Frigerio.