Córdoba. El freno a una compra estratégica para la Policía derivó en un cruce directo entre el gobernador y el senador, en un conflicto que mezcla control institucional, seguridad y disputa política. El Gobierno denunció «bloqueo» opositor. El juecismo afirmó que se trata de «una licitación hecha como un traje a medida».
La tensión política escaló con fuerza tras el choque entre el gobierno de Martín Llaryora y la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que resolvió frenar una licitación para la compra de drones destinados a la Policía. La decisión desató un duro intercambio de acusaciones entre el oficialismo y el espacio que lidera el senador nacional Luis Juez.
El conflicto se desató luego de que la oposición, que encabeza la mayoría en el organismo de control, bloqueara una contratación por 6,8 millones de dólares para la adquisición de un sistema integral de 15 drones, equipamiento asociado y capacitación, cuya única oferente fue la UTE Vantac SAS–Huinoil SA.
El propio gobernador salió a respaldar públicamente al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y replicó en redes sociales sus críticas al accionar del Tribunal. “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, advirtió Llaryora, al cuestionar con dureza a los tribunos de cuentas Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva, presidente y vocal por la mayoría juecista del organismo.
En esa línea, el mandatario provincial acusó a la oposición de utilizar el Tribunal como una herramienta política. “Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, remató Llaryora, al apuntar contra el Frente Cívico de Juez alineado con el presidente Javier Milei.
Desde el Ministerio de Seguridad, Quinteros profundizó el embate y acusó a la mayoría opositora de haber abandonado su rol de control para “hacer política”. “Detrás del cinismo de un supuesto control, el juecismo, disfrazado de libertario, pretende que haya menos seguridad para los cordobeses”, lanzó el funcionario.
“El palo en la rueda lo puso lo peor de la política: la que quiere asociarse a la delincuencia y tomar a los cordobeses de rehenes”, fustigó Quinteros, al rechazar el dictamen que frenó la licitación. Según el ministro, la resolución “no es control de legalidad, es militancia disfrazada de dictamen jurídico”, y sostuvo que en el texto “abundan opiniones personales, valoraciones ideológicas y juicios sobre la conveniencia y la oportunidad de la política de seguridad”.
Quinteros remarcó además que el proceso licitatorio atravesó más de 70 instancias administrativas, con intervención de todas las áreas técnicas y legales del Estado provincial. “La licitación fue frenada sin un solo argumento jurídico”, subrayó, y agregó un dato clave: “Las áreas técnicas del propio Tribunal de Cuentas aconsejaron aprobar esta inversión en seguridad”.
La respuesta de Juez
El senador Juez salió personalmente a responder los cuestionamientos del oficialismo y defendió el accionar de sus representantes en el Tribunal de Cuentas. “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”, afirmó.
“Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados”, contraatacó el líder del Frente Cívico. Y elevó el tono al cerrar: “Si tuviéramos una Justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”.
Más críticas
Al cruce se sumaron otras espadas del oficialismo. El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, advirtió que “la oposición tiene que terminar con la politiquería como método” y remarcó que “el Tribunal de Cuentas no está para gobernar, sino para controlar”. “Control sí, obstrucción no”, sintetizó.
“Cuando se traba un expediente, no se frena al gobernador: se frena a la gente”, sostuvo Siciliano, y sentenció: “No aceptamos que un órgano de control se transforme en un órgano de bloqueo. La obstrucción por motivos políticos sólo atrasa a Córdoba y es una práctica mezquina y de absoluta irresponsabilidad”.
En la misma sintonía, el jefe del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres, señaló que “el control es necesario y nadie lo discute”, pero advirtió que en este caso “no hubo razones técnicas ni jurídicas de peso, sino un bloqueo político”, y acusó a la oposición de elegir “el electoralismo oportunista y la chiquita”.
“El juecismo frenó una licitación estratégica para la seguridad de Córdoba: un sistema integral de drones para la Policía, con equipamiento de alta tecnología, software especializado, capacitación y asistencia técnica”, aseveró Torres, y concluyó: “No era una compra aislada, sino una herramienta clave para la prevención del delito, la búsqueda y rescate, el monitoreo de eventos masivos y el apoyo a operativos complejos”.