Córdoba. Para la cartera de Seguridad el accionar de la mayorái juecistas del Tribunal de Cuentas constituye una intromisión directa en facultades propias del Poder Ejecutivo y vulneran el principio de división de poderes.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue la actuación del Tribunal de Cuentas -su conducción juecista- en el marco de la intervención del expediente administrativo N.º 0002-050337/2025 por el «bloqueo» a la compra de drones para la Policía.
La decisión abre un nuevo capítulo de tensión institucional y política entre el Poder Ejecutivo y el órgano de control en manos de la mayoría opositora representada por los tribunos que responden al senador Luis Juez.
La presentación judicial, formulada conforme a los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal provincial, apunta a que la Justicia determine si el Tribunal de Cuentas se mantuvo dentro de los límites legales del control preventivo de juridicidad o si, por el contrario, incurrió en una extralimitación de funciones al observar el gasto y negar el visado del expediente de la polémica.
Según se desprende de la denuncia, el cuestionamiento central radica en que la resolución del Tribunal habría sido fundada en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, aspectos expresamente vedados a la competencia del órgano de control.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que «ese tipo de valoraciones constituyen una intromisión directa en facultades propias del Poder Ejecutivo y vulneran el principio de división de poderes».
En ese marco, Quinteros advirtió sobre la “gravedad institucional” de los hechos denunciados y planteó la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública. La acción penal busca que la Justicia delimite el alcance y la legalidad de la actuación desplegada por el Tribunal de Cuentas, en un contexto político atravesado por fuertes cruces discursivos.
El ministro fue más allá y dejó explícito el trasfondo político del conflicto. “Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra”, afirmó.
En un mensaje destinado a los tribunos juecistas, exsocios antes de su pase al cordobesismo, Quinteros sostuvo que se está frente a “un claro abuso de autoridad” con dos objetivos concretos: “obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana”, y “brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”.
La denuncia también apunta contra el uso de términos como “fraude”, “corrupción”, “traje a medida”, “sobreprecios” o “cajas negras”, expresiones que, según el ministro, fueron vertidas “con liviandad e irresponsabilidad” y que no pueden quedar sin consecuencias.
“Que quede claro: todo tiene un límite”, concluyó Quinteros, al apuntar contra Juez y los tribunos que le responden: Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva.
El caso promete profundizar el debate sobre los alcances del control estatal, el rol de los organismos de fiscalización y el uso político de las instituciones en un escenario provincial cada vez más tensionado. De esta manera el conflicto político ingresa en el terreno judicial.
