Córdoba. La norma del Ejecutivo establece que, durante una década, la primera asamblea del período legislativo anual se deberá concretar en distintas ciudades y localidades del territorio cordobés. Férre defensa oficialista y duro rechazo de la oposición.
En la primera sesión ordinaria del nuevo período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley impulsada por el gobernador Martín Llaryora que estipula que, por los próximos 10 años, la sesión de apertura del período ordinario de sesiones se realizará en diferentes ciudades o localidades del territorio cordobés.
El debate por la apertura de sesiones fuera de la capital derivó en una sesión cargada de tensión política, con el federalismo real como bandera enarbolada por las espadas oficialistas. Los halcones de la oposición hablaron de “demagogia” y denunciaron “avasallamiento institucional”.
El áspero y extenso debate estuvo atravesado por acusaciones cruzadas de demagogia, autoritarismo, uso político de las instituciones, obstruccionismo opositor y un marcado telón de fondo electoral.
La iniciativa -de cuatro artículos dispositivos más uno de forma- fue defendida por el PJ como una expresión de federalismo real y cuestionada por gran parte de la oposición como una ley innecesaria, simbólica y de alto contenido político, que avanza sobre atribuciones propias del Poder Legislativo.
La norma sancionada por el oficialismo con el acompañamiento de aliados y algunos legisladores opositores establece en su artículo 1 que la primera asamblea anual de la Legislatura se concretara en distintos municipios y comunas de las regiones Sur, Oeste y Norte provincial, que forman parte del denominado Programa para el Desarrollo e Igualdad Territorial de la provincia de Córdoba.
No obstante, la Cámara decidió incluir también a poblaciones de otras regiones provinciales que se incorporen, en el futuro, al Plan de Igualdad Territorial, según la propuesta que efectuó la legisladora Graciela Bisotto y que fue atendida por el pleno.
También el PJ le dio vía verde al planteo de Oscar Agost Carreño de aplicar criterios de austeridad, racionalidad del gasto y optimización de los recursos públicos a la hora de lo que implica la logística para mover a la Unicameral a territorio.
De esta manera, el bloque oficialista se aseguró el apoyo del PRO, la radical escindida, de los dos legisladores de Construyendo Córdoba y de cuatro radicales departamentales que representan a las regiones incluidas en el programa de igualdad territorial. Sumó además el voto de su aliada Karina Bruno.
Votaron en contra la mayoría del bloque UCR conducido por Matías Gvozdenovich, el juecismo encabezado por Walter Nostrala, el liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda, la amarilla Patricia Botta, el libertario autónomo Agustín Spaccesi y el vecinalista Gerardo Grosso. La izquierda se abstuvo.
Más sobre la ley
A su vez, el artículo 2 de la nueva ley establece que “en cada apertura de sesiones el titular del Poder Ejecutivo Provincial realizará el informe correspondiente dando cuenta del avance y estado de ejecución de obras, programas y acciones que se realicen en el marco del Plan de Igualdad Territorial”.
En otro de sus artículos, la norma también estipula que la Legislatura “podrá disponer los mecanismos y medios para que las señoras y señores legisladores que no puedan asistir presencialmente, por razones excepcionales, a la localidad en donde se desarrolle la sesión inaugural, asistan al recinto legislativo y participen de la misma a través de medios telemáticos”.
Voces
Para el oficialismo, la presencia del gobernador rindiendo cuentas en distintos puntos de la provincia expresa un modelo de gestión que piensa el desarrollo “desde las periferias”, destacó Matías Chamorro.
«Llevar la apertura de sesiones al interior de la provincia no es un gesto simbólico ni un gasto innecesario: es una inversión en federalismo, cercanía y legitimidad democrática”, afirmó el socialista que integra la bancada Hacemos Unidos por Córdoba.
En el cierre del debate, el titular del bloque oficialista Facundo Torres expresó: “Esta ley muestra que entendemos a la provincia de Córdoba como un todo, que cada una de las 427 localidades tiene derecho a recibir a quienes representan al pueblo cordobés”.
“No es demagogia, es federalismo provincial ejercido con responsabilidad”, afirmó Edgardo Russo. Por su parte, Juan Manuel Llamosas endureció su discurso al señalar que “empezó el año electoral para la oposición” y retrucó: “Odian a esa Córdoba que no los elige… y nosotros amamos a Córdoba toda”.
Es que en la aspera discusión en el recinto se colaron los pases de facturas, críticas y chicanas en el marco del discurso de apertura del gobernador en Laboulaye que criticó duro a la oposición, el «bloqueo» juecista a la compra de drones para la policía y el allanamiento al Tribunal de Cuentas.
El radical Mauricio Jaime cuestionó la necesidad de una ley para sesionar en el interior y sostuvo que el territorio se conoce con presencia efectiva del Estado, no con actos simbólicos. “No hace falta una ley para entender las carencias del transporte o del sistema energético”, advirtió.
Más duro fue el juecista Walter Nostrala, quien calificó el discurso del gobernador como “destemplado” y denunció un avasallamiento institucional. “Quien define dónde sesiona la Legislatura es la Legislatura, no el gobernador”, disparó, al tiempo que vinculó la iniciativa con el allanamiento al Tribunal de Cuentas. “Les jode que se los controle… lo vamos a hacer hasta el último día”, lanzó, y afirmó que “se le está terminando el ciclo al PJ”.
En la misma línea, Gregorio Hernández Maqueda y Alejandra Ferrero se sumaron a las intervenciones más filosas. El mileista acusó al gobernador de haber dado un “discurso cobarde” y autoritario, mientras que la radical deloredista calificó la iniciativa como “populista” y propia de “gobiernos en retirada”. “No es federalismo montar escenarios y viajar; federalismo es respetar autonomías y distribuir recursos”, lanzó la opositora.
