País. El proyecto impulsado por el poder libertario fue respaldado por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales.
En una sesión especial en el marco del período de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación avanzó con la media sanción de la ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de edad de imputabilidad a los 14 años.
La votación en general resultó 149 votos positivos contra 100 negativos, sin abstenciones. El proyecto será girado al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo, e Independencia. En contra se pronunciaron el peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.
La propuesta impulsada por la Libertad Avanza plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.
Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo pero fue rechazado por el oficialismo que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Voces
Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, fue la encargada de defender el dictamen de mayoría. “Actualmente nos rige una ley de 1980, suscripta en un momento donde no regían los principios democráticos”, comenzó.
Asimismo, destacó “el consenso histórico” en relación al nuevo Régimen y recordó que “se ha establecido la edad de imputabilidad desde los 14 años”. La bullrichista cordobesa explicó que la norma prevé “un tratamiento para que la función final de los establecimientos sea resocializar al menor”.
“Bajo ningún punto de vista vamos a alojar a los menores con los adultos”, aclaró. «Estamos dando garantías, dentro de un legítimo proceso, de que la prisión sea el último recurso”, fundamentó la diputada.
De este modo, Rodríguez Machado dio detalles de algunos de los puntos significativos de la norma: “Hemos incorporado a las familias de las víctimas al proceso, se establece la figura del supervisor para seguir todo el proceso y se otorga un financiamiento para la implementación, infraestructura y funcionamiento de la ley”.
Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz (UXP) se refirió al dictamen de minoría y remarcó “la necesidad de construir un nuevo sistema penal». “Queremos penas progresivas, lugares especializados y proporcionalidad en las penas con diferenciación en las penas de los adultos”, puntualizó.
Desde el mismo bloque, el diputado Germán Martínez añadió: “No hay un abordaje sobre el tema: hay un vacío de políticas públicas».
Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “no se puede seguir dilatando este debate sobre el sistema de responsabilización penal de los niños y adolescentes que están en conflicto con la ley penal”. “Nuestro dictamen alternativo busca fortalecer y reforzar la especialización para respetar los derechos de las víctimas y victimarios”, afirmó.
En representación del Frente de Izquierda, la diputada Romina del Plá cuestionó la norma al considerar que “no son medidas para la protección de los niños y adolescentes”.
En tanto, el diputado Martín Yeza (PRO) aseguró que “este sistema consensuado busca evitar la carrera delictiva». Antes de la votación, el jefe de bloque del oficialismo, Gabriel Bornoroni (LLA), concluyó: “Queremos una Argentina donde el que las hace, las paga. Se acabó la Argentina del garantismo, que le ha hecho mucho daño a los argentinos, sobre todo a los jóvenes”.