País. El Foro de Discapacidad advirtió que la falta de adecuación de los aranceles pone en riesgo prestaciones básicas de salud, educación y transporte. Exigen una recomposición urgente del 40%.
El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa una de sus crisis más agudas. Tras la reciente reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, el Foro de Discapacidad emitió un duro comunicado donde califica la situación como una «emergencia real» y denuncia que los aumentos otorgados por el Estado Nacional no solo son insuficientes, sino que «atrasan» respecto a la inflación.
El eje del conflicto radica en la falta de sintonía entre los aranceles que fija el Estado y el costo de vida actual. Según la organización, muchos prestadores se encuentran hoy «al borde del cierre» debido a que los ingresos no alcanzan para cubrir servicios esenciales de albergue, educación y transporte, herramientas fundamentales para la inclusión.
«La Ley de Emergencia en discapacidad tiene como objetivo proteger derechos, pero si los aumentos se calculan sobre bases que arrastran deudas, el objetivo nunca se va a lograr. Claramente, la situación va a ser peor», advirtieron desde el Foro.
El «atraso» técnico
Uno de los puntos más críticos que señala el sector es una distorsión en el cálculo de las compensaciones. Según explican, el proceder actual de los funcionarios lleva a un absurdo financiero: al calcular la compensación por el período diciembre 2023 / diciembre 2024, el arancel de diciembre terminará siendo mayor al de enero 2025, que es el que se toma como base para los aumentos siguientes.
Este «piso falso» provoca que cualquier incremento porcentual sea absorbido inmediatamente por el déficit previo, impidiendo una recuperación real del poder adquisitivo de los prestadores.
Para el Foro, el problema no es solo económico, sino de interpretación legal. Sostienen que los funcionarios públicos realizan una lectura de los artículos de la ley de forma aislada, perdiendo de vista el objetivo de protección de derechos.
Ante este escenario, la entidad fue categórica en su reclamo: se requiere establecer un aumento inmediato del 40% para recomponer la situación. «Es la única forma de garantizar que los ciudadanos con discapacidad sigan teniendo acceso a la salud y a una vida digna», concluyeron.
El conflicto entre el sector de la discapacidad y el Estado Nacional sumó un nuevo capítulo de tensión tras la reunión del pasado 12 de febrero. Lo que debía ser una instancia de solución se transformó en un pase factura a la gestió anterior.
Durante el encuentro, la tensión escaló cuando un funcionario del organismo que establece los aranceles buscó desligarse de la crisis actual, responsabilizando a los prestadores por no haber exigido mayores aumentos durante la gestión de Alberto Fernández.
La respuesta del sector no se hizo esperar: recordaron que en las actas oficiales consta que los representantes nunca aceptaron los incrementos insuficientes del gobierno anterior. «Viendo que esta gestión plantea una situación similar, decidimos no aceptar este nuevo aumento porque no logra recomponer las deudas generadas por el propio gobierno actual», sentenciaron desde el Foro.
La contradicción
Uno de los puntos más críticos del reclamo apunta a la «doble vara» del gobierno libertario. Desde el Foro de Discapacidad destacaron la contradicción de una gestión que, por un lado, permitió aumentos desmedidos y sin control a las empresas de medicina prepaga bajo el argumento de que «no podrían subsistir sin actualizaciones por encima de la inflación«, pero que, por otro lado, asfixia los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.