País (19/8/20). El interbloque Juntos por el Cambio reafirmó su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno del Frente de Todos. Desde el oficialismo en el Senado se destacó que cincuenta expositores participaron de las reuniones plenarias durante más de 21 horas de debate.
El proyecto de ley de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo dictamen de mayoría de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.
De esta manera, la iniciativa oficialista está lista para ser debatida durante la sesión que está prevista para la semana que viene. La oposición rechazó el dictamen y adelantó su voto negativo.
El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.
Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.
No obstante, la senadora por Santa Fé, María de los Ángeles Sacnun (FdT), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, enunció los cambios introducidos al proyecto remitido por el Ejecutivo Nacional.
Entre ellos destacó: “el régimen penal juvenil debería contar con una competencia exclusiva; el sorteo de causas, ya que consideramos que hay que avanzar en la transparencia, que estos deben ser gravados bajo apercibimiento de declarar la nulidad del acto; selección de candidatos, ya que advertimos que a los concursos se le debe sumar exámenes por escrito y contemplar la posibilidad del anonimato».
«Consideramos no unificar al fuero civil y comercial con el contencioso administrativo sino que deberíamos contar con un comité de resolución de las competencias; rescatamos el planteo de los organismos de derechos humanos para que las secretarías dedicadas a esta temática conserven la competencia exclusiva porque la memoria, verdad y justicia, son una política de Estado”, agregó.
En cuanto a las observaciones en relación a la adecuación del proyecto al procedimiento acusatorio, realizadas durante el plenario de las comisiones, Sacnun recordó que “tenemos una bicameral de aplicación del nuevo código procesal penal federal” que hace el seguimiento de la implementación del mismo.
La senadora por Santa Fe informó que recibió “una estimación presupuestaria realizada por el Ministerio de Justicia de la Nación, en relación a los cargos que el proyecto contempla crear, de un monto de 1.939 millones de pesos”.
Por último, Sacnun defendió el tratamiento del proyecto rechazado por la oposición. «Esta era una materia pendiente y no creemos que solamente con esta ley vayamos a solucionar todos los problemas que existen en la Justicia”. advirtió.
Aunque destacó que “se trata de invertir en Justicia para alcanzar el objetivo fundamental de toda República: la división de poderes. Tener una Justicia que no reciba presión no sólo de otros poderes de la República sino que tampoco los sufran de parte de los poderes fácticos”.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti le pidió a la oposición “elevar un poco el nivel de discusión” y acusó a sus senadores de “trabajar desde la ignorancia o la malicia, o desde ambas”.
Desde la bancada opositora, el bonaerense Esteban Bullrich afirmó que “el Senado se ocupa más de los problemas de algunos dirigentes del oficialismo que de la gente”.
En el cierre del plenario, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) señaló que su bancada se opone a la reforma y manifestó que las cuestiones de fondo serán expuestas en la sesión de la semana próxima.
El opositor consideró que el “el esfuerzo del Estado deberían haber estado dedicados a las empresas que están en riesgo por andar de cuarentena en cuarentena”. A su vez, resaltó que quienes han expuesto en el Senado, mayoritariamente, comulgan con el partido que gobierna.
El radical también criticó el sentido de oportunidad de la reforma y dijo que “muchos de los que se movilizaron el 17 de agosto, lo hicieron por no tener trabajo y que incluso han votado al actual Presidente”.
En esta línea, el senador formoseño remarcó que “no es prioridad de la sociedad utilizar ese monto presupuestario para nuevos cargos” y enfatizó que el proyecto carece “de un amplio acuerdo democrático previo que le diera sustento a la reforma”.
Por su parte, el titular de la bancada mayoritaria, el senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos) cuestionó a la oposición por su crítica permanente a las iniciativas del oficialismo.
Mayans rebatió algunas objeciones y subrayó que la iniciativa no contempla, en ninguno de sus puntos, a la Corte Suprema de Justicia, ni al Consejo de la Magistratura. Dijo que la reforma crea “más tribunales orales, más juzgados, más fiscalías, más defensorías, en suma; un mayor servicio de justicia”.
El oficialista aseveró que el proyecto “es una buena reforma” y que “los cambios introducidos son muy importantes”.
