País (30/10/20). El 86% de los empleados trabaja “cerca” de otras personas y el 10% está expuesto a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo. El mercado laboral argentino previo a la pandemia funcionaba sobre la base de la proximidad física y en condiciones sanitarias que hoy se consideran riesgosas.
Un documento de CIPPEC analiza el universo de protocolos para el caso argentino y encuentra que una economía de baja proximidad es posible con un trabajo colaborativo público-privado donde el Estado sea capaz de monitorear los resultados, avances y retrocesos en la reingeniería de retorno al trabajo.
Es por ello que se advierte que las estrategias de convivencia con el virus COVID-19, basadas en nuevas reglas de distanciamiento social, salud e higiene, requiere una revisión profunda de hábitos y comportamientos para asegurar la contención del riesgo sanitario.
El 86% del mercado laboral argentino trabaja “relativamente cerca de otros” – por ejemplo, en una oficina compartida -, mientras que más de 2,3 millones de trabajadores (casi un 14%) lo hacen a un brazo de distancia o menos.
Asimismo, 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos, y casi el 10% de los trabajadores argentinos están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo.
Estos datos surgen del documento “Hacia una economía de baja proximidad física”, que explora cómo reabrir plenamente la actividad económica y organizar el retorno al trabajo reduciendo la proximidad física en cada instancia de interacción del trabajador con su espacio laboral.
El informe elaborado por el Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC tiene como autores a Ramiro Albrieu, Investigador principal, Megan Ballesty, coordinadora, Pablo de la Vega, analista, y los consultores Florencia Di Crocco y Mateo Allerand. Los datos y las conclusiones fueron discutidos con las empresas miembros de la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo (CAPE).
El documento establece con qué frecuencia los trabajadores están expuestos a lugares de trabajo de espacio reducido o con mala ventilación. Combinando estas dos dimensiones, encuentra que de 13,3 millones de ocupados, unos 2,3 millones (un 17%) trabajan bajo alguna una de estas dos condiciones.
“Aquí aparece un elemento central del riesgo sanitario: aproximadamente 2 de cada 10 personas ocupadas que realizan sus tareas en el establecimiento, trabaja en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos”, dice el documento. Esta medida de riesgo combinada tiene mayor incidencia (mayor a 20%) en sectores como transporte y almacenamiento, electricidad, gas y agua, enseñanza, salud, administración pública, y hoteles y restaurantes.
El estudio aporta además evidencia sobre la frecuencia en la que los trabajadores están expuestos a servicios sanitarios en malas condiciones (baños, vestuarios, agua potable) en su lugar de trabajo.
«De los 12,5 millones de ocupados para los que contamos con datos, unos 1,1 millones (casi el 10%) están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo. El sector con mayor incidencia de este factor de riesgo es el de electricidad, gas y agua (46%), seguido de lejos por construcción (20%), enseñanza (19%), actividades agropecuarias y pesca (17%), transporte y almacenamiento (17%), administración pública (14%), minería (11%) y salud (10%)», advierte el texto.
Por último, el documento analiza el riesgo sanitario que se da en el traslado hacia el trabajo en función al medio de transporte utilizado. Un 31% del total de trabajadores -esto es, unas 5,2 millones de personas- utiliza algún medio de transporte público para concurrir al trabajo. Las ocupaciones asociadas a ramas de actividad de servicios utilizan intensivamente los medios de transporte público.
En efecto, si se suman los trabajadores que viajan en subte, tren, colectivo o combi para concurrir al trabajo, entonces para el servicio doméstico y los servicios sociales y de salud se llega al 43% del total del sector, mientras que para la industria o la construcción, ese ratio es menor al 30%.
Hacia una economía de baja proximidad
Asimismo, el Informe establece mecanismos de mitigación de los riesgos, clasificando las medidas de los protocolos según su capacidad de mitigar el riesgo sanitario y según su impacto económico.
“Se desprende del análisis que el sistema de protocolos sanitarios implementado es un primer paso en la dirección correcta; el siguiente es imprimirle la efectividad y sostenibilidad necesarias a través de mecanismos de evaluación y aprendizaje continuo”, dice el trabajo.
Tanto el diagnóstico de los riesgos como el diseño de los protocolos deben adaptarse a los avances en lo que se va conociendo sobre el virus. En el proceso actual coexisten protocolos a nivel nacional, provincial, sectorial y de las empresas y hay algunas heterogeneidades entre los niveles.
La diversidad de actores y medidas involucradas es de doble filo: puede enriquecer la información, pero también generar inconsistencias y dificultades para comunicar e implementar adaptaciones y mejoras.
Otro paso clave en el ciclo de vida de los protocolos es la fase de evaluación por parte de las autoridades, no solo porque es esencial para incentivar el cumplimiento, sino porque es la instancia que habilita la generación de los datos necesarios para entender cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del sistema.
El ciclo de vida de los protocolos debe ser flexible por diseño e incluir etapas de capacitación, evaluación e iteración que, además de garantizar el cumplimiento de las medidas y cláusulas, contemple su actualización, homogeneización y difusión.
“Sólo será posible construir una economía de baja proximidad si existe un trabajo colaborativo público-privado donde el Estado sea capaz de monitorear los resultados, avances y retrocesos en la reingeniería de retorno al trabajo. En el análisis de los procedimientos, encontramos que hay una multiplicidad de actores del sector privado y público involucrados en la elaboración y validación de los protocolos sanitarios. Esto enriquece el proceso, pero puede agregarle complejidad e incompatibilidades. Proponemos un esquema para pensar el ciclo de vida de los protocolos sanitarios como procesos dinámicos que permitan un aprendizaje continuo”, expresó Ramiro Albrieu.
Luis Guastini, Presidente de la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo, aseguró que “ante desafíos inéditos que requieren de enorme cooperación, en CAPE entendemos que el sector empresario es un actor central para el logro de una mejor normalidad para todos, comprometido además no sólo a poderosas sinergias propias, sino a la promoción de una indispensable articulación con los decisores de la política pública”.
Y agregó: “Tras los documentos generados por la alianza Safely Back to Work que integramos globalmente y habiendo sido parte de la conversación sobre la problemática vinculada a una economía de baja proximidad, valoramos especialmente los hallazgos de esta investigación de CIPPEC ya que nos proveen datos relevantes para avanzar en análisis e intercambios acerca de condiciones de salud e higiene, entornos laborales flexibles, contenidos de capacitación y otros asuntos; convencidos como estamos de estar frente a procesos multidimensionales que nos interpelan como sector para avanzar responsablemente».
