País. Durante más de tres horas, el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, escucharon a diferentes expositores -la mayoría hombres y mujeres del derecho- que respondieron a preguntas de los senadores. El plenario pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.
Durante la segunda audiencia de debate en el marco del plenario de comisiones del Senado, que fue presidido por la senadora por La Pampa Norma Durango (FdT), expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción.
La objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo fueron también eje de la reunión conjunta de comisiones en el que los senadores buscaron despejar dudas sobre la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados.
El primer orador fue el doctor Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en fertilización asistida.
El doctor Young se manifestó “en contra del aborto generalizado y permitido”. Destacó que “la salud psíquica de la mujer es la más dañada por un aborto. Casi siempre la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”.
Dijo que “la vida comienza en el momento de la concepción. Así lo dicen nuestros códigos. La vida humana comienza en el proceso de la fertilización. No estamos frente a una persona, seguramente, pero es una persona en potencia y debe tener el mismo valor que una persona con cierto desarrollo”.
Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en derecho de la Universidad de Mendoza y ex integrante de la Corte Superior de Mendoza, sostuvo que “no hay derecho absoluto ya que generalmente entran en conflicto”. Destacó que “el ordenamiento jurídico tiene que resolver estos conflictos de derechos con razonabilidad”. “El proyecto de ley no viola la Convención de los Derechos del Niño”, subrayó.
Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, consideró que “el proyecto en debate se asienta en premisas falsas y violenta el orden jurídico, por lo que considero que debe ser rechazado”. Dijo que “sostener que el derecho al aborto se sustenta en el derecho internacional no resulta cierto”.
También destacó que “el derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro, que reconozca el derecho al aborto”. Advirtió que “los códigos argentinos y nuestro ordenamiento jurídico reconocen la vida desde su gestación”. Consideró que “el proyecto no supera la razonabilidad y es claramente anticonstitucional”.
La doctora Melisa García, abogada feminista, inició su presentación destacando que “se presentaba como parte del movimiento feminista” y que “el derecho al aborto es justicia social”.
Consideró que “la persecución al aborto proviene de la transición del feudalismo al capitalismo” y reivindicó “el derecho a las personas de decidir sobre su cuerpo”.
Resaltó que “el aborto existe” y que reproducir “un sistema en la división de género es reproducir un esquema de desigualdad”. También dijo que “el endurecimiento de las penas no elimina el delito”. Consideró que “el carácter constitucional del aborto ya fue dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fal”.
Debora Raniere, abogada e investigadora de la Universidad Católica Argentina, afirmó que “cada vida humana se inicia desde la concepción”. En ese sentido dijo que “al derecho no le queda otra opción que reconocer esa vida humana tal como lo definieron los constituyentes del año 1994”.
Dijo que “el derecho distingue a las personas de las cosas. Entonces conviene preguntarse si una vida recién concebida, no es una persona, qué es? Es una cosa con menos categoría que la orangutana Sandra que fue definida como ‘persona no humana’ «.
La letrada sostuvo que “esta ley favorece a los organismos internacionales que promueven esta ley; también favorece a las clínicas clandestinas, también a los hombres cobardones que no quieren enfrentar un embarazo no deseado”. Se preguntó “si este proyecto promueve la salud pública. De qué salud estamos hablando”. Calificó al proyecto “como injusto e inconstitucional”.
Natalia Gherardi, abogada y directora Ejecutiva de ELA, dijo que “la aprobación de este proyecto permitirá la transformación del sistema de regulación actual dando mayor libertad a las mujeres de tomar sus decisiones con confianza en que el sistema de salud está allí y que sabrá recibirnos, que seremos atendidas”.
La licenciada María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y abogada del Centro de Bioética, Persona y Familia, afirmó que la media sanción en debate “generaliza el aborto sin causales. Aborto libre que no está permitido en nuestro derecho porque atenta contra otra vida”.
Manifestó que “no se trata de una cuestión de ideología, ni de política, ya que todos sabemos que estamos frente a una vida humana y si esto se aprobara estaríamos frente a la legalización de la pérdida de una vida humana hasta la semana 14”. Dijo que “la mayoría de los argentinos en todos los pueblos se manifestó en contra del aborto ya que no es cortando el hilo del más débil que vamos a resolver el tema”.
Marta Lamas Encabo, atropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM) y profesora/investigadora de la adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), destacó que “siempre escucha los mismos argumentos y que es difícil convencer a los que piensan diferente”. Le sorprendió que “en la Argentina no hubiera sacerdotes que se manifestaran a favor de los derechos de las mujeres”.
En ese punto resaltó que “en México el tema terminó en el máximo tribunal y que allí acompañaba a las feministas un sacerdote que explicaba a los integrantes de la Corte las excepciones que contempla el derecho canónico”. Citó a la filósofa Chantal Mouffe cuando dijo que “estos temas no se van a resolver convenciendo al otro sino que hay que tomar una decisión política”.
Alfonso Santiago, doctor de Derecho y abogado por la UBA, director de la Escuela Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, cuestionó “los vicios constitucionales del proyecto”. Definió al proyecto como “anticonstitucional”.
Destacó que “no se tiene en cuenta la igual e inviolable dignidad de toda persona humana” y que “una democracia no admite ciudadanos de segunda categoría”. Dijo que “esa dignidad y esos derechos que de ella emanan, son inviolables”.
Afirmó que el proyecto desconoce “la dignidad de la persona por nacer y por tanto la dignidad humana, universal y común a todas las personas”.
Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, especialista en Derechos Humanos, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y Defensor Oficial en lo Penal de Santa Rosa, La Pampa, dijo que “la Constitución Nacional no prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo”.
Expresó que para los organismos internacionales de derechos humanos han “dicho que el derecho a la vida no es un derecho absoluto” y que “se debe asegurar cierto grado de autonomía en la decisión de la mujer”.
