Córdoba. El senador Martínez y el diputado Juez le pidieron al fiscal que se constituya, con orden judicial, en el Ministerio de Salud de la Provincia, y proceda a obtener y custodiar copia autentica del listado de dosis de vacunas remitidas por la Nación.
El senador Ernesto Martínez y el diputado Luis Juez presentan en la mañana de hoy una denuncia para que el COE informe quiénes fueron los destinatarios de las vacunas contra el Covid en la provincia.
Martínez y Juez ingresarán la denuncia a las 11 en Tribunales Federales, con la clara sospecha que “hay más de 200 (vacunados) que no son esenciales”.
«Entendemos que la competencia es federal. Es el Gobierno nacional el que adquirió las vacunas. A partir del programa de vacunación nacional, estableció un reparto equitativo para los equipos de Salud, y el resto del personal. Por lo que entendemos que el patrimonio que se ha puesto en juego, y el dinero que se utilizó, es del Estado nacional», explicó el diputado nacional.
Con la presentación de este lunes, los legisladores nacional del Frente Cívico demandarán que, de manera inmediata, el fiscal de turno exija que el Gobierno provincial, a través del ministerio de Salud, ponga a disposición de la ciudadanía la lista completa de los vacunados en Córdoba.
«Tenemos sospechas fundadas de que en Córdoba hubo vacunatorios VIP», expresó Juez y aseveró que «personas que no están en ningún protocolo, ni a ningún tipo de prioridad, han accedido a la vacuna».
“Hay más de 200 (vacunados) que no son esenciales”, acentuó el diputado nacional en declaraciones a FM Pulxo, al tiempo que reafirmó que «la sospecha está claramente acreditada».
«Le vamos a pedir al fiscal que, sin perder tiempo alguno, le solicite a la autoridad el listado completo de todas las vacunas distribuidas en Córdoba», completó.
En la presentación, Martínez y Juez advirtieron que «las personas que violentaron o interpretaron maliciosamente, el plan estratégico de vacunación contenido en la resolución 2883/20, eludiendo la escala de prioridades fijadas, en beneficio personal o de allegados, incurrieron en el delito de violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 C.Penal), peticionando que sean investigados, a dicho tenor».
A su vez, indicaron que «inoculadores y vacunados fuera de la norma, violaron las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la propagación de una epidemia, infringiendo el artículo 205 del Código Penal, de meridiana operatividad para el caso denunciado, y bajo cuyo título tendrán que responder».
Antes que la prueba sea destruida o relativizada en sus constancias, y previo a toda otra diligencia instructoria, el senador y el diputado nacional le pidieron al fiscal que se constituya, con orden judicial, en el Ministerio de Salud de la Provincia, y proceda a obtener y custodiar copia autentica del listado de dosis de vacunas remitidas por la Nación a Córdoba.
Esta medida incluye además la numeración de los envases; los lugares donde eventualmente fueron redistribuidos y la identidad de las personas inoculadas, para verificar su adecuación a la prioridad dispuesta por la autoridad sanitaria nacional, como autoridad de aplicación, en la emergencia sanitaria.
