País. El proyecto, además, declara la emergencia pública en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2022 y faculta al Gobierno nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de servicios públicos.
El diputado José Luis Gioja (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para que las tarifas de los servicios públicos solo puedan incrementarse de acuerdo al aumento de sueldo promedio establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
La iniciativa impulsada por el diputado sanjuanino fue respaldada también por sus pares del Frente de Todos Pablo Carro, Blanca Osuna, Esteban Bogdanich, Mario Leito, Arie Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Liliana Schwindt y Alcira Figueroa.
El proyecto, además, declara la emergencia pública en materia energética hasta el 31 de diciembre de 2022 y faculta al Gobierno nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de servicios públicos.
El articulado de la iniciativa plantea que las tarifas y precios de servicios públicos de competencia nacional serán justas, razonables y transparentes, con el fin de proteger los derechos de usuarios y consumidores, y promover el desarrollo económico.
También establece que las tarifas de servicios públicos de las micro y pymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que se encuentran inscriptas en el Instituto Nacional de Economía podrán aumentar de acuerdo al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM).
Se instituye además el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que deberá «evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan».
A su vez, se propone la creación del Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos, que estará destinado a jubilados, pensionados, o trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta tres remuneraciones mínimas.
