País. La iniciativa, que había sido aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 51 votos a favor y doce en contra. Sólo ocho senadores de Juntos por el Cambio apoyaron la propuesta porque beneficia a las provincias que representan.
El Senado de la Nación convirtió en ley esta madrugada el proyecto que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, luego de un debate de más de seis horas en el que obtuvo el respaldo del oficialista Frente de Todos y de un sector del opositor interbloque de Juntos por el Cambio que votó dividido.
El proyecto, que había sido aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 51 votos a favor y doce en contra.
La iniciativa modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.
Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
A su vez, la iniciativa prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.
Mientras el oficialismo votó en bloque a favor del proyecto, el principal interbloque de la oposición se dividió y sólo ocho de sus integrantes apoyaron la propuesta porque beneficia, puntualmente, a las provincias que representan: los jujeños Silvia Giacoppo y Mario Fiad, la santacruceña María Belén Tapia, los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; el puntano Claudio Poggi, el sanjuanino Roberto Basualdo y el fueguino Pablo Blanco.
Al fijar la posición mayoritaria de rechazo de JxC, el senador por Formosa, Luis Naidenoff señaló que «el gobierno detrás de buenas intenciones cae en un deja vu, intentando políticas del pasado que no nos llevaron a buenos resultados».
El radical subrayó que «el problema no es el subsidio sino el déficit» y que «dos de los tres pesos de subsidios que se utilizaron entre el 2003 y el 2015 fueron para los sectores más acomodados de la sociedad».
En sus argumentos, el opositor afirmó que «el beneficio del proyecto es profundamente injusto» y que «el Estado tiene que estar presente para los sectores más vulnerables». Además, se preguntó «para quién estamos tomando esta decisión con un subsidio indiscriminado. No se trata de una puja entre zonas geográficas sino que es necesario que el subsidio sea focalizado».
Por su parte, el senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos) expresó que «el proyecto viene con un amplio consenso y aspira a cumplir con un derecho social, garantizar un derecho, un derecho humano«. En ese sentido, dijo que «hay que tener un plan estratégico para que cada argentino, viva donde viva, tenga acceso a esos bienes, tanto en materia de gasoductos, como de energía eléctrica».
El jefe de la bancada oficialista criticó que «en el gobierno de Macri no se sinceraron las tarifas sino que se dolarizaron los servicios». En ese punto, dijo que «las empresas energéticas fugaron durante el año 2019, unos 7.500 millones de dólares».
El peronista recordó que «en el 2008 había Pymes, jubilados y muchos sectores humildes que no sabían qué hacer para poder pagar las facturas de los servicios». Concluyó que «el proyecto es un comienzo de justicia para cerca de cinco millones de argentinos, haciendo una política para que pueda crecer la producción en la Argentina».
