País. El embajador en Israel había puesto a disposición su dimisión tras el conocimiento de la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.
El presidente Alberto Fernández aceptó anoche la renuncia del embajador en Israel Sergio Urribarri, informaron fuentes oficiales.
Urribarri había puesto a disposición su dimisión después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015, cuando era gobernador de la provincia.
Urribarri expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia de este jueves es una «clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho», por lo que anticipó que apelará con la «convicción de que me asiste la razón», manifestó.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que «con pleno conocimiento» se «echó mano a fondos» provinciales para un «interés netamente particular», en referencia a una «campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente» en las elecciones de 2015.
El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador.
— Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) April 8, 2022
También indicaron en su fallo que hubo «retornos» por parte de los empresarios contratados.
La audiencia de más de 12 horas se desarrolló desde las 8:30 de este jueves en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.
Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.
Desde el pasado 27 de septiembre del 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Los fiscales de la causa consideraron que se trató de un «direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri», y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían «retornar parte del dinero».
Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una «persecución político judicial».
