Córdoba. La bancada radical pidió la renuncia de González como presidente provisorio de la Unicameral y la licencia sin goce de sueldo mientras se sustancia el proceso judicial.
El presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González (74), quedó envuelto en el ojo de la tormenta ante las derivaciones que van tomando estado público tras protagonizar el choque fatal a bordo del vehículo marca BMW X1 en el Camino de las Altas Cumbres, donde perdió la vida Alejandra Bengoa (56) y dos adolescentes de 14 años, Alexa y Marina, permanecen internadas con graves heridas.
La Fiscalía de Instrucción de Cura Brochero imputó al legislador oficialista por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. A esto se suman las derivaciones del caso que dan cuenta de las infracciones viales en su haber y hasta el dato de que no cumplía los requisitos para obtener el carné de conducir provincial.
La Unicameral sigue siendo caja de resonancia del accidente fatal que protagonizó González, a lo que se adiciona la polémica por la asignación de autos judicializados de alta gama a legisladores.
Ante el caso judicial que involucra al hombre fuerte de Traslasierra, el bloque Juntos UCR -a instancia de la negrista Patricia de Ferrari Rueda- presentó el miércoles antes de la sesión una declaración donde se le solicitaba al Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia que «procedan con celeridad, responsabilidad, independencia y máxima imparcialidad en la investigación«.
En sus fundamentos, la iniciativa de la parlamentaria negrista expresa que «la ejemplaridad debe ser la preocupación primordial para los tres Poderes del Estado, que deben mostrar apego a la ley, a la transparencia, sin la mínima posibilidad de sospechas de privilegios por parte de la clase política, máxime en épocas tan complicadas desde lo económico, social e institucional para los habitantes de nuestra provincia».
Previamente, González había presentado un pedido de licencia por 21 días a su banca legislativa por razones de salud, no así de la Presidencia Provisoria, que lo ubica en la tercera autoridad en la línea sucesoria al gobernador.
En el inicio del plenario del miércoles, la mayoría oficialista y las dos principales bancadas opositoras (Juntos UCR y Juntos por el Cambio) prestaron acuerdo para otorgar la licencia al legislador oficialista. En esa misma sesión, Hacemos por Córdoba ejerció presión para aprobar una declaración con tenor más suave que expresó el «pesar» de la Unicameral por la docente fallecida y el deseo de «pronta recuperación» para las dos adolescentes que se encuentran internadas que viajaban en el auto que chocó de frente con el vehículo que conducía González.
“Es de interés de esta Legislatura que la Justicia continúe actuando con independencia para determinar responsabilidades en ese luctuoso suceso”, reza la declaración emitida por la Unicameral.
Reclamo radical
Al poner el foco en el «caso González», la bancada radical sostuvo, en ese sentido, la necesidad de «mostrar ejemplaridad por parte de todos los funcionarios públicos del Estado» ante las evidencias que van surgiendo cada vez con más fuerza relacionadas «a la discrecionalidad en el uso de recursos públicos y la falta de respeto a la ley por encima de lo que ella exige a todos los ciudadanos», subrayó.
Sobre la base de este argumento, los legisladores de la UCR exigieron «la inmediata renuncia del legislador González a la Presidencia Provisoria de la Legislatura». Asimismo, demandaron que el Cuerpo le pida «una licencia sin goce de sueldo mientras se sustancia el proceso judicial por el accidente protagonizado el pasado 29 de octubre».
Cambios a la ley
A su vez, Juntos UCR impulsa modificar la ley 8.550, sancionada el 25 de julio de 1996, la cual asigna al Tribunal Superior de Justicia la disposición de los automotores secuestrados en causas penales, para luego poder entregarlos en depósito a un organismo pertinente para su exclusiva afectación a una función o servicio público específico.
Tras la tragedia vial que involucra a González, el foco de atención se concentró en los autos judicializados que dispone la Unicameral. Representantes parlamentarios debieron salir a justificar el uso de dichos vehículos que son de alta gama.
Se conoció que el hombre fuerte del peronismo en Traslasierra, además del BMW modelo X1, tiene asignado otros tres vehículos: una Volkswagen Amarok, una Land Rover Freelander y un Audi A5. A su vez, el Poder Legislativo es depositario de otros cinco autos. Dos están en manos de parlamentarios oficialistas y, los otros tres, asignados a opositores.
Con la iniciativa presentada, el bloque radical busca que la resolución del Tribunal Superior de Justicia que dispone la afectación del vehículo esté absolutamente fundada y sea pública.
Asimismo, en dicha resolución se tendrá que delimitar cual es el objetivo por el cual se requiere el automóvil y cuál será el servicio público que presta. «Tendrá que estar fehacientemente acreditada la necesidad para que se apruebe la entrega», se advierte en el proyecto de ley.
Mediante esta iniciativa opositora, se dispone además la prohibición de utilización por parte de los integrantes o autoridades de los poderes del estado.
