Córdoba. La oposición ya puso reparos en el tratamiento exprés de la iniciativa que fue girada por el Ejecutivo provincial para su aprobación. También rechazó la creación de 3 nuevos cargos de defensores vitalicios. La abultada mayoría oficialista emitió despacho de comisión que llegará este miércoles al recinto.
En el plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la mayoría oficialista avanzó este martes con el dictamen del proyecto de ley por el cual se crea el Ministerio Público de la Defensa, incorporando las actuales Asesorías Letradas de todos los fueros.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial, que tiene como objetivo diseñar y organizar la estructura orgánica y funcional del Ministerio Público de la Defensa (MPD), ingresó a la Cámara el 1 de septiembre y tomó estado parlamentario en la sesión del 6 de septiembre.
«Es necesario institucionalizar el Ministerio Publico de la Defensa en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, jerarquizando y consolidando la actual estructura y organización existente, en procura de alcanzar cada vez mayor capacidad de respuesta y agilidad en su tarea específica. Ello permitirá un mejor diseño, análisis, ejecución, evaluación y determinación de las políticas publicas, facilitando que las mismas sean adecuadamente definidas, ya que mediante la nueva estructura orgánica que se propicia se podrá garantizar un diseño orgánico y la puesta en marcha de políticas institucionales que aseguren que la igualdad ante la ley tenga su correlato y se traduzca en la igualdad concreta ante la justicia», argumentó el Poder Ejecutivo en la elevación del proyecto.
Del plenario de comisiones participaron en carácter de invitados el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesín, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique.
En su intervención, Sesín destacó que el paso que va a dar la Legislatura permitirá una mayor profundización institucional: “Tenemos la obligación de garantizar el derecho de acceso a todos, especialmente a aquellos que, por diversos motivos, no pueden acceder. Hemos reglamentado operativamente las Reglas de Brasilia, que es un cuerpo extraordinario que garantiza cómo hacer para que esas personas en situación de vulnerabilidad puedan llegar al poder judicial, ser escuchadas, restablecer sus derechos y obligaciones”.
Actualmente, el servicio de asistencia jurídica gratuita en la Provincia funciona según lo establecido en la Ley 7.982 y sus modificaciones posteriores. La propuesta en tratamiento busca complementar y mejorar ese sistema, organizando la asistencia jurídica a través de un Ministerio Público de la Defensa centralizado, con una clara dirección y coordinación.
“Hoy funciona un cuerpo de asesores letrados, entre los cuales la organización se realiza entre ellos o por el propio Tribunal Superior. Existe la necesidad de una figura del defensor público que, de alguna forma, aglutine las funciones de conducción, de contralor, y de homogeneizar ciertos criterios jurídicos y ciertos alcances de estas figuras”, explicó el titular del TSJ.
Nueva estructura
Los actuales Asesores Letrados de la ley 7.982 pasan a denominarse Defensores Públicos, sin que la reforma implique la modificación sustancial de sus funciones o la designación de nuevos funcionarios. Se dispone que quienes ocupan cargos como funcionarios o empleados en las Asesorías Letradas pasen a ocupar automáticamente idénticos cargos en la defensoría pública correspondiente.
La propuesta prevé la modificación del artículo 24 de la mencionada norma disponiendo que sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia o el órgano que lo reemplace en el futuro, el que organice e implemente el asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, conforme a convenios específicos que celebre con los Colegios de Abogados. Asimismo, adecua a la nueva denominación de los cargos los pertinentes artículos de las leyes 8.435 y 8.024 respectivamente.
La clave de la iniciativa, que es objeto de la crítica de la oposición, se centra en que la creación del MPD estará a cargo de un Defensor General con quien colaboran dos Defensores Adjuntos, completándose su integración con los demás Defensores Públicos de los diversos fueros.
Desde la oposición se advirtió que estos tres nuevos cargos de defensores son vitalicios. En su crítica, el legislador electo por Juntos por el Cambio, Gregorio Hernández Maqueda, cuestionó el accionar del Gobierno de Schiaretti. Al respecto, sostuvo que el oficialismo aprobará «la creación de 3 nuevos cargos de defensores vitalicios, cuando en Córdoba ni el Fiscal General -creado por Constitución- lo es».
«Otro acto que muestra la desconexión con la realidad que sufre el pueblo», reclamó el opositor al dirigir su crítica al titular del Ejecutivo cordobés.
El rechazo de estos tres «cargos vitalicios» ya lo había formulado meses atrás el legislador radical Dante Rossi (Juntos UCR).
En la reunión conjunta de las dos comisiones, legisladores de la oposición expresaron sus reparos por el tratamiento exprés de la iniciativa. En ese plano, demandaron una semana más para trabajar los aportes al proyecto girado por el Poder Ejecutivo.
La abultada mayoría oficialista decidió emitir despacho de comisión que llegará este miércoles al recinto para su debate. Pese a que en el fondo hay coincidencia en el fin que persigue el proyecto, la oposición cuestionó la forma en cuanto al tratamiento que fijó la bancada peronista, sumado a la negativa de los cargos vitalicios, por lo que se espera un acalorado intercambio de posiciones durante la sesión.
