Córdoba. En medio de una sesión con los ánimos alterados y la ausencia de la oposición en señal de rechazo al «ajuste» a los estatales, el peronismo sancionó con los votos ajustados (36 voluntades) la nueva ley de seguridad que envió el Ejecutivo a la Unicameral.
Con la ausencia de la oposición (Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y la Izquierda) en el recinto, el oficialismo (33 miembros) y sus aliados Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza), Karina Bruno (Bloque Cordobés y Federico Alesandri (Creo en Córdoba) sancionaron la ley por la cual se crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia.
A las 23:25 la votación arrojó el resultado de 36 votos por la afirmativa de la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba y el acompañamiento de Spaccesi, Bruno y Alesandri. La oposición no ingresó al recinto durante todo el plenario en rechazo a la iniciativa que giró a último momento el gobierno de Martín Llaryora que, para los gremios, implica un «ajuste» a los empleados estatales.
La nueva ley de seguridad pública, que consta de 75 artículos, plantea la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP), a cargo de los municipios y comunas, en articulación con la Policía provincial. Las GLP colaboran en el marco de sus funciones en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliar de la fuerza policial.
Los gobiernos locales que avancen con la conformación de sus guardias de prevención podrán recibir asistencia del Ejecutivo provincial, a través del ministerio de Seguridad. Ese aporte se traduce en la práctica en la provisión de vehículos equipados para tareas de vigilancia y patrullaje; armamento menos letal para el uso de los agentes locales y asistencia técnica para la elaboración de sistemas locales de prevención y convivencia.
A su vez la nueva normativa crea un instituto de formación de políticas de seguridad y de capacitación, y hace foco en la articulación con prestadoras de seguridad privada que se suman al sistema, cuyo personal debidamente capacitado con certificación vigente podrá hacer uso de armas menos letales, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
La ley establece además que se conectarán todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, con el centro de monitoreo de la Policía.
Asimismo, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, se crearán seis nuevas Fiscalías Antinarcóticos en el interior provincial y 12 Fiscalías Criminales de distrito en la capital. Por último, la normativa dispone la obligatoriedad del narcotest para funcionarios públicos.
De esta manera, a través de esta nueva herramienta normativa, el Gobierno de Llaryora busca darle combate al flagelo de la inseguridad y redoblar esfuerzo en articulación con las fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico en territorio cordobés.
La administración provincial prometió tener resultados a corto. mediano y largo plazo con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia.
