País. Así lo dieron a conocer en una rueda de prensa en Casa Rosada la ministra de Seguridad Bullrich y el ministro de Justicia Cúneo Libarona, junto al gobernador chaqueño Leandro Zdero.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, junto al gobernador Leandro Zdero, revelaron los resultados de una operación conjunta que desmanteló una red de trata de personas que operaba en Chaco, liderada por dirigentes piqueteros, que prostituía mujeres a las que ofrecía incluirlas como beneficiarias de planes sociales a cambio de favores sexuales.
En base a la investigación, los funcionarios explicaron que la red estaba «comandada por dirigentes piqueteros que prostituían mujeres a cambio de otorgar sus planes sociales», en una «matriz que se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia con gerentes de la pobreza como intermediarios».
La administración central condenó enérgicamente estas prácticas y reafirmó su compromiso de proteger a los beneficiarios de planes sociales y la necesidad de un cambio en la matriz del modelo de ayudas sociales. «En esta nueva Argentina no habrá más lugar para intermediarios que se aprovechen de los más vulnerables», afirmaron.
Bullrich señaló que a raíz de estas situaciones, las que «se repiten en distintas provincias», la orden del presidente Javier Milei es que «no hay más intermediarios, no solamente porque tengan una denuncia penal, sino porque el modo en que han utilizado el poder es un modo que va en contra de la libertad y de la autonomía de las personas. Así que: no más intermediarios».
La ministra dijo que la otra «decisión es un cambio legal donde la asociación ilícita, que no solamente va a ser utilizada para estos casos de trata de personas, sino para todos los delitos federales, se va a modificar para que los partícipes de una asociación ilícita especial, como lo ha hecho Italia con la ley antimafias, permita que realmente haya una verdadera persecución penal contra todos aquellos que utilizan el Estado, el dinero, el poder en beneficio propio».
El ministro Cúneo Libarona, por su parte, señaló que en materia normativa «estamos trabajando en un tipo penal especial vinculado a los intermediarios y el fraude con el dinero destinado a la ayuda comunitaria que se lo malversa», y «hay extorsión, lavado de dinero, porque insertan el dinero que obtienen del delito en el mercado en forma ilegal, y vamos a seguir las convenciones internacionales que nos rigen en la materia».
«En estos casos se ha demostrado que se puede», enfatizó y elogió la «actitud que tomaron en el Chaco, que es digna de elogio y se probó el mal que producen estos intermediarios de planes sociales que los utilizan malversándolos, desviándolos con fines exclusivamente delictivos».
El gobernador Zdero aseguró que «hemos tomado la firme decisión de combatir esta matriz, de luchar contra la corrupción y que esto nos lleva no solamente a este tipo de cosas, sino que se materializa con otras organizaciones sociales en las cuales llevamos más de 40 autos secuestrados a organizaciones piqueteras».
Afirmó que también se presentaron «denuncias concretas a la justicia provincial respecto del uso de beneficios sociales para el enriquecimiento de los dirigentes sociales, cuando cada vez tenemos más pobres en la provincia del Chaco»
«A nosotros nos da pudor llamar a estos malandras ‘dirigentes sociales'», dijo Zdero, quien planteó que con la «complicidad del gobierno provincial anterior se generaron estados paralelos a disposición de los dirigentes sociales, en una alianza política, de proyecto político, entre todos y cada uno de los denunciados».
