Ciudad de Córdoba. Oficialistas y radicales se pronunciaron en contra de esta medida que busca implementar la administración libertaria en su feroz ajuste.
El Concejo Deliberante realizó este jueves la décimo segunda sesión ordinaria presidida por la presidenta provisoria Sandra Trigo. Entre otros proyectos, el cuerpo deliberativo de la ciudad aprobó una iniciativa que contó con despacho de comisión por la cual se expresa «preocupación por la posible desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad«.
“La semana pasada se realizaron marchas en defensa de la salud de personas en condiciones de vulnerabilidad, el 10 de mayo se dio a conocer el proyecto de decreto para regular el Sistema único de prestaciones de atención integral para personas con discapacidad, significa que los aranceles no estarán en el nomenclador sino un arancel fijado por cada prestador, dando lugar a una segmentación inhumana para quienes no puedan pagarlo. Esto afectará a las personas con este colectivo tan vulnerable, el tema debería estar en todos los legislativos«, afirmó la concejala Eva Ontivero (HUxC).
En su alocución, la oficialista remarcó: «Nos debe unir trabajar para el bienestar de todos los ciudadanos con un compromiso de igualdad. Estamos lejos de la real inclusión, la discapacidad nos puede tocar a todos y en un momento de nuestras vidas, la legitimación de un gobierno no viene solo de los votantes sino de las acciones de los gobernantes. Mi acompañamiento y solidaridad a todas las personas con discapacidad invitando a todos los concejales a suscribir este proyecto”.
Desde el bloque UCR, la edila Claudia Luján se manifestó a favor del proyecto aprobado por el Concejo y en rechazo a la medida en estudio de la administración Milei. “Pretende la libre competencia de mercado en las prestaciones de los servicios para quienes más lo necesitan, lo que establecerá que existan discapacitados de primera y de segunda», advirtió.
«Si bien esta discusión versa sobre un problema nacional, no podemos pasar por alto el caso de Apross que si bien nació para dar cobertura a todos los empleados públicos, hoy a los discapacitados les cubre el 40 por ciento de las coberturas. Tal problemática existe en nuestra provincia”, agregó.
Por su parte, el concejal Diego Casado (HUxC) señaló: “Lamento tener que tratar este proyecto habiendo convenciones internacionales y tener que discutir sobre los derechos adquiridos es lamentable, lo digo también por los enfermos oncológicos, papás y mamás de niños autistas, y brego porque los legisladores nacionales defiendan a la gente”.
En la continuidad de la sesión, los ediles ratificaron el convenio de educación ambiental entre Córdoba y Villa María, proyecto de ordenanza iniciado por el Ejecutivo municipal.
A través de esta iniciativa se busca promover la educación ambiental integral con perspectiva de desarrollo sostenible orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El concejal Mauricio Romero (HUxC) expresó que “los objetivos del convenio marco es promover la educación ambiental con perspectiva de desarrollo sostenible. La provincia y ambos municipios adhirieron a la ley Yolanda para educar a los empleados de todas las jurisdicciones en materia de ambiente. Fuimos pioneros en tener una Secretaría de Ambiente en el ámbito nacional y a Yolanda Ortiz primera mujer en tener ese cargo”.
“En diciembre de 2019 la gestión municipal asumía poniendo el foco en los temas ambientales buscando el equilibrio que no atropellaran ningún derecho y luego de la pandemia se redoblaron los objetivos para mejorar la calidad de vida, los logros han sido inmensos en calidad de vida y en recuperación de los ambientes. Hoy la planta más grande de bioenergía es la Planta de Bajo Grande. Nuestra ciudad es una de los ejidos más grandes que creció desproporcionadamente pero se están recuperando espacios para mejorar el medioambiente”, finalizó.
