Córdoba. El bloque Córdoba Federal en la Cámara Baja sostuvo que es “insostenible” ajustar en 60 mil millones de dólares. “Sería imposible seguir brindando servicios esenciales”, advirtió.
Los legisladores nacionales de Córdoba Federal, que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, calificaron de “disparatado” el ajuste que les pidió a las provincias el presidente Javier Milei en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto 2025.
Los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge, y la senadora Alejandra Vigo afirmaron que es “insostenible” ajustar en 60 mil millones de dólares.
En un duro pronunciamiento contra el Gobierno libertario, los peronistas federales afirmaron que “sería imposible seguir brindando servicios esenciales”, y alertaron que “las consecuencias sociales y económicas serían devastadoras”.
“Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de Iaraf), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial”, indicó el bloque del PJ cordobés en Diputados.
“Esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas. Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy”, remarcó el núcleo parlamentario que responde a LLaryora y Schiaretti.
En su avanzada contra el poder libertario, los legisladores del PJ de Córdoba enfatizaron que “es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste».
«No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”, remarcaron.
Por último, al reafirmar la posición en rechazo a más ajuste sobre las provincias, los federales subrayaron: “Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”.
