País. En Casa Rosada aseguran que aún no están las voluntades necesarias, pero trabajan en conquistarlas.
En el Gobierno nacional admiten que se trata de un reclamo legítimo, pero argumentan no tener los fondos para sustentarlo, por lo que avanzarán con la voluntad del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que aún no estén los votos para respaldarlo.
“El problema no es con las universidades, es con el Congreso”, planteó una alta fuente libertaria que direccionó los dardos contra los diputados opositores por votar proyectos “sin sustento financiero”.
En el Poder Ejecutivo hay esperanza de volver a contar con el respaldo de los 87 “héroes” que hasta el momento se mantienen en silencio, si la oposición insiste con la ley, y descansan en la muñeca del titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, dedicado a la tarea de sumar voluntades que no aparecen, según consignó NA.
Enciende las alarmas la actitud del PRO que, pese al asado en la quinta de Olivos y las continuas mesas de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza, no ha expresado su compromiso de acompañar la decisión del presidente Javier Milei como sucedió con la actualización de jubilaciones.
“Confiamos en que el PRO pueda actuar orgánicamente. Tanto el presidente del partido como el jefe de bloque”, revelaron ante esta agencia fuentes legislativas en alusión al expresidente Mauricio Macri y a Cristian Ritondo.
En Balcarce 50 piensan igual: “Si no apoya el PRO sería un acto de mezquindad fuerte. El Presidente se hizo presidente votando cosas impopulares”, se jactaron en la previa a la masiva protesta que tendrá lugar esta tarde en las inmediaciones del Congreso.
Desde el partido amarrillo aclaran que continúan debatiendo la posición, y adelantan que “hasta que no haya veto no harán pública su decisión”. Lo cierto es que el mandatario tiene en mente publicar el rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario -que afectaría tan solo al 0,14% del PBI- en el Boletín Oficial del jueves, para evitar cualquier lectura política de su determinación.
“No queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar un conflicto”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada respecto a la decisión de avanzar con el veto sobre la fecha limite, una vez cumplidos los 10 días hábiles desde que el proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo.
